Históricamente, los regímenes totalitarios son aquellos en los que la vida cotidiana de los ciudadanos es controlada por la autoridad única y de un partido político, o bien, la de un individuo que se sostiene a través de un liderazgo carismático, tradicional o legal, lo que ha sostenido a monarcas y dictadores que gobiernan sin contrapesos.

Para hablar de un Estado totalitario como los que caracterizaron al siglo pasado se requieren otros elementos como las pocas libertades, el control policiaco, la propaganda, la persecución de líderes opositores y demás atropellos cometidos en vías de mantener el control y preservar el poder para el grupo hegemónico. Además, Friedrich Hayek decía que: “En un Estado totalitario la situación es, permanentemente y en todos los campos, la misma que en los demás países domina algunos ámbitos en tiempos de guerra. Se ocultará a la gente todo lo que pueda provocar dudas acerca de la competencia del gobierno o crear descontento”.

En México se vive un fenómeno peculiar muy parecido al escenario descrito. A través de un recurso mediático poderoso, como son “las mañaneras”, el presidente López Obrador ha devorado a los poderes que deberían ser su contrapeso democrático. No hay eco para el poder legislativo ni judicial, ni para gobernadores, líderes de opinión o incluso su propio gabinete.

No hay una voz que se escuche más fuerte que la del presidente y cuando alguna toma fuerza, es denostada, callada o ensombrecida por alguna descalificación, mentira o cortina de humo colocada en la agenda de la opinión pública. A esto debe sumarse que no hay oposición o cuestionamiento que abra la posibilidad de debate sobre tema alguno, desde la pobreza hasta la violencia que aqueja al país, los temas relevantes son opacados por los que el Presidente decide.

Un ejemplo de la hegemonía mediática del Presidente es la situación de los gobernadores, quienes, eclipsados por el titular del ejecutivo, dan la apariencia de que salen de sus oficinas solo cuando les toca acompañar a López Obrador en la visita a su estado; sin embargo, esto ocurre porque no hay resistencia de parte de ellos, quienes parecieran estar muy cómodos en las sombras, callados y, sobre todo, inmóviles ante la situación de sus entidades. No importa si son del mismo partido del presidente o de la oposición. Estos gobernantes han decidido alinearse al mandatario por sumisión o por miedo de que sus pecados sean expuestos.

Si existe una hegemonía en la definición de los temas de discusión pública es por la complicidad de estos actores que se han acomodado en la omisión de sus encargos establecidos por la ley. Los gobernadores han soltado su responsabilidad en todo sentido, pero la seguridad es la tarea que evidencia más su pasividad pues han dejado a los ciudadanos entre la amenaza de los criminales y la militarización de la seguridad pública. Los gobernadores han decidió no actuar en el fortalecimiento de las policías estatales, han abandonado a los municipios y se han cruzado los brazos ante la inexistente estrategia de seguridad.

Los presidentes municipales son caso aparte, pero no por ello menos responsables de esta gravísima situación. Para los fines de cualquier Estado democrático, ellos también se mantienen como espectadores ante la tragedia. Es necesario que como sociedad exijamos a legisladores, gobernadores y alcaldes que tomen la responsabilidad que les corresponde ante la destrucción institucional y la pila de víctimas que hoy por hoy representan la realidad mexicana, más aún cuando sabemos que esa es la misma gente que buscará acomodarse en otro encargo político en 2024. Ese será el espacio de incidencia disponible para exigir un giro de timón para revertir el actual régimen de los gobernadores invisibles y el rey. (Colaboró Angélica Canjura)