Más allá del número de participantes en las marchas que protagonizaron exmilitares, militares en activo, así como familiares y amigos el domingo pasado en la CDMX y en 11 ciudades más, debe destacarse lo novedoso y atípico que resultaron. Dar la cara públicamente en una institución donde se exige silencio, es señal que las cosas dentro del Ejército andan mal.

Las marchas fueron convocadas por redes sociales, y el viernes anterior, como es ya su costumbre, el presidente se adelantó a descalificarlas al afirmar que dentro del Ejército no había descontento. Además, advirtió que “esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al Ejército. No, y que nadie se deje engañar, que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia”.

Lo dicho por López Obrador quedó desvirtuado en las marchas. Primero, sí mostraron descontento por diversas razones, entre ellas, por las decisiones del presidente, por el exceso de privilegios de la cúpula castrense y por el riesgo constante en el que se encuentra la tropa; segundo, nada de lo que que manifestaron indica que protestaban por el uso del Ejército en contra de los criminales, por lo que quedó descartado que fueran estos últimos los promotores.

Algunos manifestantes reclamaron al presidente el abandono en el que tiene a la tropa al responsabilizarlos por la seguridad y al mismo tiempo ordenarles no enfrentar a los criminales, también cuestionaron su política de abrazos y el desamparo que sufren los militares que han sido detenido por violar los derechos humanos de civiles, en particular se refirieron a los cabos que están siendo procesados en el fuero civil por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en el fuero militar por desobediencia.

Obviamente no comparto que queden impunes los responsables de las ejecuciones de civiles desarmados en Nuevo Laredo, ni en ningún otro caso; pero sí comprendo que los manifestantes tienen preocupaciones válidas, y al parecer hay un creciente enojo en contra de los mandos y del presidente por considerarlos responsables de la situación crítica en la que se encuentran.

Los militares que desarrollan funciones de seguridad pública (extendido hasta el 2028) son sujetos a los ordenamientos legales en esa materia, incluyendo la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. Sin embargo, el personal de base no tiene conocimiento de las leyes a las que ahora están sujetos ni tampoco los han capacitado de forma eficiente ni eficaz en sus funciones de policías; y por lo visto menos en el uso de la fuerza letal. Seguramente porque con la política de abrazos no balazos sus mandos creen que es innecesario utilizar tiempo y recursos en prepararlos. Pero, cuando la tropa se ve involucrada en eventos como los sucedidos en Nuevo Laredo, entonces deben ser sometidos a un proceso penal ante autoridades civiles del fuero federal, como marca la ley.

Además, los procesan en el fuero castrense bajo el argumento de incurrir en desobediencia jerárquica, para que su mando justifique su (ir)responsabilidad -diciendo que ordenó no disparar en el momento justo del evento y no lo obedecieron-. De esta forma los superiores jerárquicos no son juzgados en el fuero civil. Es aquí donde está la trampa, mantenerlos en el fuero militar no es en beneficio de la tropa, es en beneficio de la cadena de mando.

Por ejemplo, si en el caso de Nuevo Laredo, los juzgados por autoridades civiles fueran los mandos que desplegaron a la tropa sin el conocimiento necesario en tareas de seguridad pública, seguramente harían todo lo posible para que sus elementos conocieran bien las leyes a las que estan sometidos, los capacitarían para las tareas que deben realizar y en un futuro no permitirían iniciativas mal planteadas y dejarían de aceptar tareas que no les corresponden.

El domingo salieron a relucir en las plazas públicas algunas de las preocupaciones y enojo que en susurros me habían expresado desde el 2020 miembros en activo y en retiro de las FFAA que no están de acuerdo con lo que sucede adentro del Ejército. Esto me dicen que se viene reflejando en la perdida de moral de la tropa, en exceso de uso de alcohol y en las bajas por rescisión de contrato que han aumentado, proporcional y nominalmente, de manera abrumadora, al pasar de 1,780 (2013 a 2016) a 25,083 elementos (2019-2022), es decir 14 veces más.

Los altos mandos están ante la oportunidad de atender y detener la descomposición que está ocurriendo, esperemos no estén tan ciegos y sordos como su comandante en jefe que cada día suma indignación de la gente.

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