Desde hace tiempo, las organizaciones civiles y los académicos que dedicamos tiempo al estudio de la incidencia delictiva, hemos insistido en mejorar la precisión y confiabilidad de las estadísticas delictivas en los estados. Si bien tuvimos avances en gobiernos anteriores, estos no han sido suficientes. Lo que alcanzamos a observar en las estadísticas delictivas oficiales es tan solo la punta del iceberg, es una imagen desconectada del dolor que viven muchas comunidades mexicanas.
La incidencia delictiva esconde la cifra negra y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que es el encargado de dar a conocer los números que envían las fiscalías estatales no se responsabiliza en fiscalizar que los datos proporcionados sean correctos, a pesar de que está en sus atribuciones.
La cifra negra contiene todos aquellos delitos que suceden, pero no son denunciados o que no son registrados porque el ministerio público decidió no abrir una carpeta de investigación. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021) estimó que la cifra negra fue de 93%, y que en algunos delitos es aún mayor. Es decir, las fiscalías prefieren ignorar la cifra negra antes que crear una estrategia para generar confianza en la denuncia y combatir las violencias. Es como si echaran la suciedad bajo el tapete, esperando que nadie la note.
Pero que lo cubran no significa que no existe. Uno de los indicadores que más se utilizan para dimensionar la violencia social es el homicidio doloso (intencional) que se sigue de oficio, es decir no requiere una denuncia formal; pero aún en este caso, vemos que no siempre clasifican los casos de manera adecuada, como lo mostramos en el análisis de Causa en Común “Incidencia delictiva y posibles anomalías”. Además, tenemos la aterradora suma de personas no localizadas y desaparecidas.
Por insistencia de la sociedad civil, en 2015 se pretendió subsanar los problemas que tenía la categorización de delitos en el SESNSP. Trataron de hacer una clasificación que fuera suficientemente detallada para evitar la ineptitud o las mañas de quienes manejan la incidencia delictiva en las fiscalías, que enviaban al rubro denominado “otros delitos” el 67% de los casos. Para corregirlo se hicieron siete categorías que incluyen 53 tipos de delitos. Sin embargo, no eliminaron el problema, ya que al igual que en el diseño previo al 2015, mantuvieron la subcategoría “otros delitos”. Solo que ahora diluida entre las 7 categorías.
Con la implementación de esta nueva metodología, en la categoría de delitos contra la vida y la integridad personal, incluyeron 5 subcategorías: homicidio, lesiones, feminicidio, aborto y otros delitos contra la vida.
Según la explicación en la página del SESNSP, la subcategoría “otros delitos contra la vida” incluye la inducción o ayuda al suicidio y peligro de contagio, inseminación artificial no consentida, entre otros. Lo interesante es que esta subcategoría ha registrado aumentos año con año. Tan solo del 2019 a 2022 aumentaron en un 52.71%, mientras que la subcategoría de homicidio doloso disminuyó en un 10.93% durante el mismo periodo.
Como sería ilógico pensar que miles de personas están ayudando a que otros se suiciden o que existan miles de inseminaciones no consentidas, entonces este análisis nos obliga a cuestionarnos: ¿qué guardan en ese cajón de sastre?, ¿servirá para esconder una realidad?, o bien, ¿será la estrategia para mantener los homicidios a la baja sin levantar sospechas?
Al final del día nadie entiende esta categoría y no importa mucho, el objetivo es ponerse una medalla al publicar la disminución de homicidios sin mencionar que sus “otros delitos” reportan aumentos considerables. Sin importar la desconexión con una realidad que a millones de mexicanos nos duele. (Colaboró: René Gerez)
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