Para las víctimas de la guerra sucia, para las mujeres indígenas violadas y torturadas por militares en Guerrero, para los familiares de las más de 111 mil personas desaparecidas, para los jóvenes acribillados en Nuevo Laredo y para los defensores de derechos humanos y periodistas espiados con Pegasus, la militarización no es algo menor, y reducir su significado a “cualquier cosa” puede resultar ofensivo y reduccionista para su lucha.

Por mayoría de votos, la Suprema Corte declaró la invalidez de las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo para que la Sedena tuviera un control total sobre la Guardia Nacional. La Corte determinó que la Sedena no puede controlar operativa y administrativamente a la Guardia Nacional porque le quita el carácter civil y policial que debería tener (aunque sabemos que la mayoría del personal de la Guardia y de sus altos mandos son militares). Sin embargo, es importante que la Corte haya ejercido un contrapeso y haya puesto un freno a la cada vez más poderosa e impune Sedena.

Por fortuna, la mayoría de las y los ministros no coincidieron con el ministro Arturo Zaldívar y determinaron que la militarización no es cualquier cosa. Recordemos que el miércoles pasado al pronunciarse por la validez de las reformas que entregaron el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, al debatir en la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad 137/2022, la postura de Zaldívar sobre el papel que debía jugar la SCJN se sostuvo sobre la idea de que “nuestro trabajo no es ni puede ser votar a favor o en contra de la militarización, cualquier cosa que esto signifique”.

¿Por qué es importante que las Fuerzas Armadas se dediquen exclusivamente a las tareas que le son innatas? Todas las víctimas de la estrategia de seguridad basada en militares dan la razón: el Ejército en las calles no brinda seguridad ni atención a la ciudadanía. Están entrenados para matar, no para procurar justicia.

Por último, resalta el ataque del ministro Zaldívar en contra de los tuiteros jurídicos que se involucran en el debate público, a quienes llamó “constitucionalistas de ocasión” en respuesta a que –después de la sesión del lunes– varias abogadas y abogados criticaron su postura. Su ataque se empieza a parecer a los embates del Presidente contra los periodistas y activistas críticos. Ojalá el ministro empiece a escuchar más a estos constitucionalistas para desentrañar el verdadero significado de la militarización y el impacto que tiene sobre las víctimas pasadas, presentes y futuras de nuestro país. Antes parecía importarle. ¿Qué fue lo que le llevó a dar un giro discursivo tan opuesto?