“La transformación del Poder Judicial”, así ha bautizado la Cámara de Diputados a la pretendida reforma del presidente a este poder de la unión. Ayer en la Junta de Coordinación Política se llevó a cabo la entrega de conclusiones del parlamento abierto sobre esta reforma a las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y al ministro Javier Laynez. Tuvieron oportunidad de hablar y vale la pena detenerse en sus discursos.

La ministra Esquivel invocó “la urgencia y pertinencia de reflexionar en esta gran reforma estructural que se necesita tanto en los poderes federales como locales”. Yo me pregunto, ¿de qué urgencia habla la ministra?, ¿de la urgencia del presidente de desmantelar el Poder Judicial? ¿o de la urgencia de, por ejemplo, que se resuelva la situación de las personas que llevan muchos años en prisión preventiva sin sentencia?

La ministra Loretta Ortiz pronunció un discurso cargado de ejemplos de cómo se elige a quienes integran los máximos tribunales en otros países. Concluyó su participación con la afirmación de que “cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que las garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales”. A pesar de que sus palabras fueron más mesuradas que las de Esquivel, el mensaje de fondo fue que está de acuerdo en reformar la manera en que hoy se selecciona a los ministros y ministras.

Llegó el turno del ministro Laynez –tan criticado últimamente por ser el artífice de la sentencia que acabó con el Plan B de la reforma electoral– y pronunció un breve discurso cargado de dos mensajes contundentes a las diputadas y diputados: “Lo primero, que cuando se piense en el Poder Judicial de la Federación, no somos los 11 de Pino Suarez 2. Somos más de 45 mil servidores públicos: actuarios, notificadores, secretarias y secretarios de estudio y cuenta, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados distribuidos en todos los circuitos en todo el territorio nacional […] créanme, las decisiones que ellos toman allá en sus circuitos muchas veces son mucho más importantes que las que toma la Suprema Corte. El impacto en las ciudadanas y los ciudadanos está allá. Lo segundo, la justicia local. Tomemos en cuenta que hay una asignatura pendiente en no olvidar el mejoramiento y fortalecimiento de la justicia local que es la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia.”

Tanto Esquivel como Loretta aprovecharon su participación en la Jucopo para hacerles saber a los diputados que apoyan la “transformación” del Poder Judicial. Sin asumir una postura reivindicatoria de la institución que representan, prefirieron ir a leer unas palabras rebuscadas que solo tienen relación con lo que se dice en la mañanera.

Laynez Potisek, en cambio, dejó tarea. La pretendida reforma tiene su origen en el enganche presidencial de atacar a la Suprema Corte. Pero ojo, no por las decisiones que afectan a la ciudadanía sino por las decisiones que afectan al gobierno, algo que es distinto. Y por eso el ministro Laynez concentra su postura en que, si se va a pensar en una reforma, esa reforma debe tener origen y destino en la ciudadanía. Porque hoy, la pretendida transformación tiene su origen y destino en el capricho presidencial por concentrar el poder y no tener contrapesos.

A las palabras de Laynez, yo agregaría que, si al presidente y al Poder Legislativo en verdad les importa la justicia, entonces hagan algo por fortalecer a las policías locales y a los ministerios públicos locales y federal. Son el primer contacto de la ciudadanía cuando hay un acto de injusticia. Pero como el presidente no se enfrenta a esas policías ni a esos ministerios públicos, no vale la pena reformarlos. Solo hay que cambiar lo que le estorba a la transformación, lo que sea que eso signifique.

@MaiteAzuela

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