“El gobierno de los derechos o el gobierno de los privilegios” divide Claudia Sheinbaum entre su propuesta y la de la oposición, para la campaña por la presidencia de la República. Su narrativa se estira tanto que hasta se atreve a asegurar que los derechos humanos prácticamente existen gracias a la 4T. Cualquiera que conozca la historia de los derechos humanos en México sabrá que es falso e incluso que han hecho una labor titánica para debilitar a las instituciones que deben garantizarlos.

Una de las intenciones de adelgazar la estructura institucional de defensa de derechos es la nueva iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada en estos días por el Senador Ricardo Monreal. A simple vista, la iniciativa parece que vela por la integridad del recurso de amparo (tan utilizado por la ciudadanía mexicana para defender sus derechos de los abusos de las autoridades). Pero hay que decirlo con toda claridad: la iniciativa defiende una de las figuras más conservadoras del amparo, que además es incompatible con la progresividad de los derechos: el principio de relatividad de las sentencias. Con ello, más que robustecer el amparo se busca debilitar sus alcances.

Para simplificar un poco lo que se pretende, si usted presenta una solicitud de amparo, los efectos en caso de que se le otorgue sólo le aplicarían a usted y no en el resto de la ciudadanía. En el siglo XIX esto era congruente con las necesidades sociales de ese momento, ya que las personas reclamaban mayormente en sus amparos derechos individuales y entre particulares. Los derechos humanos apenas se estaban desarrollando en Europa. En América, se hablaba poco.

Las necesidades y reclamos sociales del siglo XXI han evolucionado. Ahora, se han vuelto de suma importancia los derechos colectivos, los cuales no protegen únicamente a personas en lo individual, sino que homologan garantías para quienes han sufrido violación a sus derechos en circunstancias similares. Hoy, una ley aprobada por el Congreso que vulnerara el derecho a vivir en un ambiente sano, podría generar una solicitud de amparo y se protegería a una colectividad, de manera que el amparo no solo surtiera efectos en su esfera jurídica individual. Es ridículo asumir que se le garantice el derecho al ambiente sano a una sola persona, como si el aire o el agua limpia se pudieran dividir.

La iniciativa del Senador Monreal deja del lado la historicidad no solo del amparo sino de los derechos humanos. Su propuesta de reforma radica en que no se otorgue la suspensión con efectos generales cuando alguien presenta un amparo. Así como el aire (en el caso del derecho ambiental) no se puede dividir, el senador Monreal supone que con esta reforma –por ejemplo– la ley de la industria eléctrica se pudiera seguir aplicando, aunque una persona obtuviera la suspensión o incluso una resolución favorable.

La suspensión del amparo se ha vuelto una herramienta fundamental para proteger a la ciudadanía frente a los atropellos colectivos y sus efectos generales deben prevalecer frente al principio de relatividad de las sentencias, porque no puede protegerse solo a una persona de atropellos colectivos como la Ley de la Industria Eléctrica o el difunto plan B para el sistema electoral.

La continuidad del proyecto de López Obrador a través de Claudia pretende en realidad volver a aquellos tiempos en los que donde los derechos colectivos no existían y el acceso a los beneficios de un recurso como el amparo era solo para quienes podían pagar por esa justicia. Ayer en las comisiones de justicia y estudios legislativos se votó la iniciativa: 19 a favor (Morena y PT) y 13 en contra (PAN, PRI, MC, PRD y GP).

La iniciativa de Monreal elimina el concepto de “interés social” para preservar lo individual: ¿Algo más derechoso y conservador?

@MaiteAzuela