¿Qué tan roto tiene que estar un país para que una mujer pobre no pueda ir al baño sin temer por su vida?
“Comparezco a fin de denunciar que fui víctima de violación, lesiones y robo, por parte de elementos militares”. Así comienza la declaración de María Esthela Orozco Mendoza. Tenía 24 años. Vendía tacos al vapor con su abuelo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 12 de agosto de 2023 se sintió mal del estómago y decidió regresar a casa. En el trayecto, bajó del autobús para entrar a una tienda. Por la urgencia, buscó dónde hacer del baño. Vio un edificio abandonado y, sin imaginar lo que vendría, entró.
¿En qué momento el uniforme dejó de ser símbolo de protección y se convirtió en amenaza de tortura?Minutos después, dos camionetas militares se estacionaron afuera. Asustada, subió corriendo al tercer piso. Pensó que la regañarían por invadir propiedad privada. En cambio, encontró el horror. Siete hombres con uniforme del Ejército la golpearon, le cortaron el cabello con cuchillo, la inmovilizaron. Uno le desabotonó el pantalón. Otro la manoseó. Alguien más —no sabe quién— le metió una pistola por la vagina. Le dispararon cerca de las piernas. Le gritaban que dijera a qué cártel pertenecía, quiénes eran sus jefes. Ella no entendía nada. Solo sabía que estaba siendo torturada sexualmente por quienes deberían protegerla.
¿Cuántas pruebas necesita el Estado para creerle a una mujer violada por militares?María Esthela logró salir viva. Un hombre en una vulcanizadora la ayudó. Llegó al hospital. El dictamen médico registró lesiones compatibles con violación. El video pericial de la Fiscalía General de la República mostró vehículos con la leyenda “Ejército Mexicano” en la escena. Ella presentó su denuncia. Aportó pruebas. Luchó por ser escuchada. También fue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿La respuesta? Su expediente fue cerrado sin materia. Le sugirieron que le diera seguimiento… en el Centro de Justicia Militar. Es decir: que confiara en los mismos que la violaron.
¿Quién protege a las víctimas cuando el agresor lleva un escudo nacional en el brazo?Juan Méndez, exrelator especial de la ONU contra la tortura, escribió: “La tortura no es accidental, es deliberada, racional y sistemática cuando el Estado la permite”. Eso es exactamente lo que hizo la CNDH: permitirla. Encubrirla. Y revictimizar. Las pruebas están. La evidencia existe. El testimonio es escalofriante. ¿Y aún así quieren que creamos que el sistema funciona? ¿Qué justicia puede esperar una joven, pobre, sin influencias, frente a un cuerpo armado que goza de poder absoluto?
¿Cómo se mira al espejo una República que entregó su soberanía al Ejército sin exigirle rendición de cuentas?En México, la militarización ya no es una amenaza. Es un hecho. La calle, la frontera, la aduana, el aeropuerto, el Metro, la Guardia Nacional… todo está bajo el control de quienes no responden al poder civil. Lo que vivió María Esthela no es un caso aislado: es el síntoma de una enfermedad institucional. Nos dijeron que los militares eran necesarios para pacificar. No nos dijeron que eso implicaba ceder derechos, justicia y dignidad.
¿Cuántas María Esthelas más necesitará este país para romper el pacto con la impunidad castrense?A María Esthela la violó el Estado. Y hoy la castiga por atreverse a decirlo.
@MaiteAzuela
