El señor Montes se encontraba en México desde el mes de noviembre de 2019. A su llegada, solicitó el reconocimiento de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Había luchado contra el ejército del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Según la recomendación, el señor Montes refirió al personal de la Comar que de regresar a su país su vida se encontraría en riesgo. Derivado de esta situación, la Comar le reconoció el derecho de no devolución al señor Montes mientras el trámite para tener la condición de refugiado se desahogaba.
Sin embargo, casi un año después, el Titular de la Oficina de Representación del INM en Guerrero ordenó realizar revisión migratoria al azar, lo que resultó en que detuvieran al señor Montes en el puerto de Acapulco. En consecuencia, el Instituto Nacional de Migración ordenó la deportación del señor Montes sin que hubiera una determinación de la Comar sobre la solicitud de ser reconocido como refugiado que estaba en proceso.
Las autoridades de Migración tuvieron oportunidad de verificar que el señor Montes contaba con un proceso ante la Comar para ser refugiado en México y aun así decidieron violar su derecho a la no devolución. Incluso, la recomendación de la CNDH señala que el señor Montes supuestamente habría referido solo contar con su pasaporte y no contar con más elementos de prueba que ofrecer. En la resolución del INM se dice además que manifestó su deseo de regresar a su país. Lo cual resulta inverosímil porque el señor Montes afirmó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sí mostró los documentos que tenía de la Comar sobre su proceso de refugiado.
El INM solicitó el apoyo de un avión de la Fiscalía General de la República, ya que el señor Montes se negó a subirse a un avión comercial que lo llevara de regreso a Guatemala. Cuando narra cómo fue obligado a subir al avión de la fiscalía, asegura que le dijeron: “‘Ahora te chingas pendejo por güey (sic) si vuelves a venir te vas a chingar a tu madre’ entonces me subieron violando todos los derechos humanos míos”.
A su llegada a Guatemala, fue internado en un penal y posteriormente sentenciado a 175 años de prisión.
“Está preso, ya es una persona mayor. Y sí se está buscando con Guatemala ver la posibilidad de que se le indulte y que se venga a México, que se le dé asilo en nuestro país, ya lo estamos viendo”. Estas fueron las palabras del presidente López Obrador a la pregunta de un reportero sobre el caso del comandante César Montes. Sin embargo, el presidente omitió hablar sobre la responsabilidad que tiene su gobierno con relación a que hoy el señor Montes esté preso en Guatemala, condenado a morir en prisión.
El 30 de marzo del 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 62/2022 dirigida nada más y nada menos que a Francisco Garduño, como director del Instituto Nacional de Migración (INM). La recomendación fue emitida por las violaciones a los derechos humanos cometidas por ese instituto en agravio del señor Montes. ¿Cómo llegó la CNDH a esta determinación?
El lunes el presidente afirmó que se están realizando gestiones para que regrese a México. El señor Montes hoy tiene 83 años de edad, y más allá de las venganzas políticas que el gobierno guatemalteco tenga contra él, lo cierto es que hoy está en prisión condenado a morir ahí gracias a que el Instituto Nacional de Migración actúa bajo una política de persecución contra las personas migrantes y refugiadas, y no para proteger su integridad ni sus vidas.
Ojalá que el gobierno mexicano rectifique las violaciones que cometió en contra del señor Montes, la única manera es trayéndolo de regreso México, porque, además, tiene derecho a la ciudadanía mexicana ya que es hijo de padre mexicano.
