¿Cuántos datos, historias atroces, vidas violentadas y vidas perdidas necesitan los tomadores de decisiones para entender que poner la seguridad civil a cargo de las fuerzas armadas los responsabiliza de la catástrofe? ¿Aun así López Obrador pondrá a un militar a la cabeza de la Guardia Nacional? 

México suma ya más de 16 años de experiencia con el Ejército y la Marina implementando la estrategia de seguridad. Los resultados hablan por sí mismos, quienes embistieron como salvaguardas de nuestra seguridad no sólo no han conseguido contener la violencia del crimen organizado, sino que son artífices protagónicos de violaciones de derechos humanos y de crímenes que han quedado impunes. 

Recordemos que la Guardia Nacional creada en marzo de 2019 por López Obrador —quien prometió sacar al Ejército de las calles y regresarlo a cuarteles— tiene solo 22% de elementos civiles, los cuales serán sustituidos por elementos de la Sedena con el programa de retiro voluntario que terminará en 2023. Todo con el objetivo de dejar las tareas tanto administrativas como operativas de la Guardia Nacional en manos de la Sedena. 

Para cualquier lógica, el saldo no corresponde con la inversión de recursos que se ha colocado en las arcas de Sedena y Semar. Tan sólo por tener a ambos como parte de los diez órganos federales con más quejas por posibles violaciones a los derechos humanos. Datos de la CNDH señalan que, de enero del 2019 a junio de 2021, se presentaron contra el Ejército y la Guardia Nacional 1,654 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos. 

Claramente la Guardia Nacional es el organismo de seguridad con más quejas, 591 entre enero de 2020 y julio de 2021. Durante este periodo ha sido señalada por hechos que van desde seis asesinatos, 13 casos de tortura, tres desapariciones forzadas, 69 quejas por trato cruel, inhumano o degradante, hasta 40 casos de detenciones arbitrarias. 

Cuando López Obrador lanzó su proyecto de Guardia Nacional, anunciaba que su cuerpo de seguridad se distinguiría por su honestidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad contradice su promesa. Hay señalamientos contra el Ejército y la GN por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, así como emplear arbitrariamente la fuerza pública, entre otros reclamos. 

A los seis asesinatos contabilizados en las denuncias de violaciones a derechos humanos, se suma el de Ángel Yael. Desafortunadamente la impunidad también blinda aquí a las fuerzas armadas. Un juez vinculó el 6 de mayo a proceso al elemento de la Guardia Nacional, un infante de la Marina comisionado a la Guardia Nacional en Irapuato, por disparar contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato y asesinar Ángel Yael, estudiante de ingeniería agrónoma, de 19 años, el 27 de abril de 2022. Sin embargo, el infante de marina que disparó está libre. 

El asesinato de Ángel es una muestra más de que las fuerzas armadas están entrenadas para matar y que la Guardia Nacional no es civil. 

Nada ha hecho el Presidente para garantizar justicia e imponer las medidas correspondientes contra altos mandos y ejecutores directos de estos múltiples delitos. Las denuncias de dichas violaciones no son investigadas y no existía un solo miembro de las Fuerzas Armadas condenado por un juez civil por estos hechos. 

Si dedicara la mitad del tiempo que dedica a atacar periodistas para nombrar a las víctimas de su Guardia Nacional y exigir justicia para sus familias, posiblemente las intervenciones de soldados y marinos serían más escrupulosas con respeto a los derechos humanos. Pero claramente la vida de estas ciudadanas y ciudadanos destrozadas por las fuerzas armadas, no son la prioridad en su agenda.

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