“La papeleta es un puñal de papel”
-David Lloyd George
Déjeme ser claro: yo sí quiero que el presidente López Obrador deje su cargo, quiero que se retire lo más pronto posible, que disfrute de su rancho, de su familia, de su supuesto legado, de sus lecciones de historia y que se dedique a escribir o videobloguear lo que se le antoje, lo mismo de economía moral que de garnachas en la carretera… Sí, yo sí quiero que se vaya.
Tengo mis razones y convicciones, creo que el presidente ha hecho mucho daño al sistema democrático, creo que polariza a grados irreconciliables todos los días, creo que el austericidio al que ha sometido al gobierno es dañino para todos, que abarata y apoca la administración pública, creo que sus ideas son, la mayoría de las veces, peligrosamente arcaicas y que recuperar un camino de real desarrollo nos costará muchos años aún después de que termine su presidencia en el 2024.
Pero, claramente, estoy en el porcentaje minoritario de mexicanos que piensa eso, si hubiese consulta ¿cuántos mexicanos iríamos a las urnas a votar por su salida?, recuerde que para que ésta sea “vinculante” (es decir que el resultado sea, legalmente, una realidad) se requiere al menos el 40% del padrón o sea casi 40 millones de votos.
La consulta del pasado 1 de agosto nos costó $528 millones de pesos y votaron poco más de 6 millones de personas, fueron unos 80 pesos por voto, dinero que tiramos completito a la basura para cumplir el capricho de la 4T de una pregunta sin sentido que se vendió como el “juicio a los expresidentes” aunque, en realidad, no se juzgaba nada.
Con base en esos datos, ¿cuántos acudirían a las urnas el próximo año para ratificar o revocar a López Obrador?, peor aún, ¿tiene sentido hacer una consulta de este tipo para un presidente que mantiene niveles de aceptación de entre el 60% a 70%?
Evidentemente, la consulta de “revocación” es otro afán populista para que el presidente sienta el amor de su pueblo bueno y sabio y termine por presumir la popularidad que ya sabemos goza de sobra.
Sin embargo, la oposición y los seis consejeros del INE que votaron a favor de “aplazar” la consulta de revocación de mandato han caído en el juego del presidente, en la discusión de lo surreal, en el encono que nos lleva a los sinsentidos.
La consulta de revocación es un desperdicio de recursos que urgen para muchas otras necesidades en nuestro país, cierto, ¿pero de verdad son necesarios $3,800 millones de pesos para llevarla a cabo?, ¿no hubiera sido mejor primero esperar a ver si realmente se juntaban las firmas necesarias que obligan al INE a su realización y hasta entonces discutir si se aplazaba o no por falta de recursos?
En el México de las antípodas, la decisión del INE terminará por darle un gran pretexto al presidente para seguir atacando a la institución y mermar su credibilidad, al final la victoria de esta batalla puede costarle, a largo plazo, perder la guerra a favor de la democracia y ahí, por desgracia, perderemos todos.
DE COLOFÓN.- La consejera Carla Humphrey tiene razón, si vamos a tener consultas populares cada año y aumentarán los ejercicios de participación cívica, ¿no es hora de buscar alternativas acordes al siglo XXI?.
Una consulta popular no es una elección de representantes, es un simple sí o no y eso puede ser mucho más fácil y económico, ojalá se atrevan a pensar fuera de la caja.
@LuisCardenasMX