En medio del turbulento escenario que experimenta estos días el Poder Judicial de la Federación se cierne una lucha de poderes entre dos personajes estelares: el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quienes buscan fortalecer sus respectivas influencias y perfilar a sus candidatos hacia el relevo que en 2022 habrá en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el intento por destituir al magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, mucho tuvieron que ver las posturas del ministro Zaldívar, quien en más de una ocasión manifestó su inconformidad con el personaje, así como su intención de limpiar la corrupción de ese órgano integrante del Poder Judicial.

El llamado “Golpe de Estado” del G5 –como se conoce al grupo de cinco magistrados ‘rebeldes’– hubiera sido imposible de no haberse reabierto la investigación por enriquecimiento ilícito contra Vargas Valdez, una decisión que se atribuye también al mensaje que Zaldívar ha enviado a sus juzgadores para no ceder ante las presiones de poderes externos, el cual se ha materializado con una Corte que ha dado reveses al Poder Ejecutivo, incluso con sus proyectos estratégicos. 

El pasado 15 de junio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos, declaró el No Ejercicio de la Acción Penal contra el Magistrado presidente del Tribunal Electoral, pero la indagatoria fue reabierta por orden judicial el pasado 30 de julio, cuando el juez de control encargado del caso consideró que la Fiscalía no había realizado un trabajo exhaustivo para tomar su determinación. La denuncia contra el Magistrado y su esposa Mónica Bauer fue por el movimiento irregular de 107 millones de pesos a través de empresas fachada. 

José Luis Vargas ha insistido a sus cercanos, y hasta a quienes tenían que escucharlo en las sesiones privadas del Tribunal, que cuenta con el apoyo del Consejero Jurídico de la Presidencia, por lo que, en sus cálculos, enfrentaría las acusaciones por enriquecimiento ilícito con un blindaje oficial. No obstante, enfrente tendría al presidente de la Corte, quien si bien no tendría influencia en el Ministerio Público, no lo podría vencer en el terreno judicial.

El caso del magistrado Electoral es apenas el primer roce de una pugna que llegará hasta diciembre del siguiente año, cuando el ministro Zaldívar entregue la estafeta de la presidencia de la Corte, presumiblemente a un Ministro cercano al gobierno. Esto no significa que el relevo será un perfil cercano a Scherer, como pudiera ser el de Juan Luis González Alcántara Carrancá; más bien se perfila al interior de la Corte un discurso con tendencia de género, lo que llevaría a una ministra a encabezar uno de los tres Poderes de la Unión.

En este marco saltan los nombres de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, quienes arribaron al máximo órgano de justicia a propuesta de esta administración. Esquivel Mossa –esposa del constructor José María Riobóo, muy cercano a AMLO– sería la candidata principal; no obstante, se escucha que la regiomontana Ríos Farjat habría superado sus diferencias con el gobierno, luego de que se aceptara que el actual presidente de la Corte no puede extender su periodo por dos años más. Las dos estarían en la carrera.

Del otro lado, el consejero Jurídico mantiene con el presidente de la Corte una relación institucional, pero parece caminar de la mano de personajes acostumbrados a mover los hilos del Poder Judicial. El caso del Magistrado Vargas puso a Scherer en la misma ruta de litigantes como Peter Bauer, hermano de la esposa de Vargas, así como de Roberto Gil.

Fundaciones, en la mira

Las autoridades financieras y judiciales del país investigan a una serie de fundaciones y el origen de sus financiamientos. Una de ellas es "SINTRATA", apoyada por Rosy Orozco y por el controvertido ‘corredor’ de arte sacro y obras de museo, Manuel Reyero –un personaje considerado oscuro que posee una mansión en la zona de Lomas Altas donde alberga sus obras–, la cual está en la mira por la opacidad de sus recursos. Sus relaciones están inmersas en varias agrupaciones religiosas, donde un asiduo asistente a juntas y fiestas en casa de Reyero es el padre Alfredo Quintero Campoy, a quien se le relacionado con acusaciones de pederastia, entre otros temas de presunta corrupción. Por su estructura financiera, las fundaciones son susceptibles de ser usadas como vehículo para lavar dinero o bien desviarlo para fines diferentes a su objeto social. Personajes de asociaciones culturales, civiles y religiosas han sido relacionados con estos delitos que investigan en la 4T.

Decepciona nueva ley de publicidad exterior

Quienes asistieron a las denominadas “Mesas Consultivas para el Ordenamiento de la Publicidad Exterior y la Imagen Urbana”, convocadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuentan que las reuniones fueron una pérdida de tiempo. 
Esto porque a pesar de que los empresarios del sector se dieron cita para manifestar sus opiniones y llegar a acuerdos con la administración capitalina, tras el arribo del nuevo secretario de Gobierno, Martí Batres, se presentó ante el Congreso local una iniciativa para una nueva Ley de Publicidad Exterior de Ciudad de México, documento que no recogió nada de lo convenido en las mencionadas encerronas.

@MarioMal