El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, está envuelto en una maraña de irregularidades y presuntos actos de corrupción que han sido denunciados por funcionarios del estado. A la luz de los procesos contra exlegisladores que estuvieron relacionados con los supuestos sobornos para aprobar la reforma energética, el exsenador podría enfrentar más de un caso en su contra.
Como senador, Barbosa presumió varias veces que fue gestor de más de 600 acciones en obra pública, con más de 2 mil millones de pesos en recursos dirigidos a municipios de todo su estado. En una revisión a todas estas obras se observan irregularidades que presumen contrataciones a sobrecosto para un grupo de empresas cercanas al mandatario.
El 8 de agosto de 2017, el alcalde del municipio poblano de Huaquechula, Edwin Mora Caballero, denunció penalmente a Barbosa ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por una presunta presión del senador para asignar obras a sobrecosto a una empresa denominada Alta Transformación de Puebla. Este modus operandi se repitió en múltiples ocasiones para asegurar recursos a diversas empresas vinculadas entre sí.
En su querella, Mora Caballero relata que en una reunión celebrada en los alrededores del Senado, el 5 de septiembre de 2016, el secretario particular del senador Barbosa, Heliodoro Luna Vite, lo obligó a firmar por adelantado una licitación por 21 millones de pesos para rehabilitar una escuela secundaria en su localidad, en la que la ganadora del contrato era la empresa Alta Transformación de Puebla, cuyo representante legal era Julio Flores Romero, un personaje que también estuvo presente en el encuentro.
De acuerdo con información del Registro Público de Comercio y de contratos celebrados en los Ayuntamientos del estado de Puebla entre 2013 y 2018, Flores Romero está vinculado con nueve razones sociales que obtuvieron contratos por 468 millones de pesos en obra pública, siempre compitiendo entre sí. La mayoría de estos contratos no están reportados en la plataforma de compras gubernamentales Compranet, por lo que los montos de adjudicaciones podrían ser superiores.
Las empresas señaladas como parte de la red que acaparaba los recursos para obras públicas gestionados por Miguel Barbosa son: Alta Transformación de Puebla, S.A de C.V.; Compañía JDC, S.A. de C.V.; Grupo Covyferco, S.A. de C.V.; Ingeniería Aplicada Vic, S.A. de C.V; Líder en Aplicación y Ejecución de Proyectos, S.A. de C.V.; Terracerrías y Caminos de la Sierra S.A. de C.V.; France Sam FR, S.A. de C.V.; Transformación e Infraestructura del Centro Sur, S.A. de C.V. y Urbanización en Obra Civil Fenix, S.A. de C.V.
Además de que todas las empresas guardan relación, directa o indirecta, con el enviado de Miguel Barbosa, estas se crearon al vapor. Se ha corroborado que las firmas muestran irregularidades en sus direcciones fiscales —algunas incluso las comparten en domicilios que son de uso habitacional—, en sus claves de Registro Federal de Contribuyentes y en las firmas autógrafas de sus representantes legales.
En los casos más extremos, la empresa Líder en Aplicación y Ejecución de Proyectos muestra en sus sellos un inexistente RFC marcado con los números “160707699”, y la empresa France Sam FR exhibe siempre documentación oficial con sellos en los que su nombre aparece como France Sam SR, S. A. de C.V.
Según los cálculos del poblano Edwin Mora, el posible “moche” que se llevó Barbosa en el caso de la obra pública para Huaquechula asciende a 28% del monto total que se adjudicó en ese entonces la constructora, es decir, por lo menos 140 millones de pesos de los casi 500 millones que gestionó el actual gobernador. Heliodoro Luna Vite, uno de los que se señalan como encargados de estas operaciones, se desempeñó como secretario de Infraestructura del actual gobierno poblano, es decir, como responsable de la asignación de la obra pública.
Un caso que, junto con el de los actuales gobernadores perseguidos por los sobornos para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, podría estallarle pronto al mandatario poblano.
Se calienta elección en Quintana Roo
Todo indica que la entidad gobernada por Carlos Joaquín González será la única en semáforo epidemiológico rojo durante la jornada electoral, donde Morena registró avances tras los debates de la semana pasada, principalmente en bastiones como Benito Juárez (Cancún), donde Mara Lezama lleva 20 puntos de ventaja sobre el aliancista Jesús Pool Moo, según las casas encuestadoras Demoscopia Digital y la neolonesa Poligrama, aunque 21% aún no decide su voto.
También en Solidaridad (Playa del Carmen), la actual alcaldesa Laura Beristain se separó tres puntos de la diputada panista Lili Campos, quien no termina de repuntar, según registra Consultora DPM. Sin embargo, se mantiene cerrada la elección, sumado a la declinación de Luis Roldán, del PES, en favor de la morenista.
La violencia electoral es otro pendiente, pues la entidad vivió episodios graves como el asesinato de la carta fuerte de la 4T para Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero, o el reciente ataque armado contra su esposa y actual candidata, Blanca Merari Tziu Muñoz.
Revolución del mercado financiero-inmobiliario
En medio de la pandemia por el Covid-19, el empresario Rodrigo Saiffe revolucionó el sector financiero e inmobiliario al crear un modelo de economía colaborativa en ese sector. Algo así como el Uber o el Airbnb del bienestar familiar, basado en una plataforma tecnológica y enfocada a la configuración de urbanizaciones amigables.
Este economista de 26 años lanzó de la mano de la firma MindStrategics un modelo de configuración de ciudades que parte de la construcción de hogares, la cual está reactivando la economía de Jalisco, Quintana Roo y Nayarit, otorgando un crecimiento de doble dígito a los inversionistas que creyeron en este modelo.
@MarioMal
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