Al finalizar el siglo antepasado el Estado mexicano había logrado casi un milagro: superar el peligro de desaparecer como resultado de su fragmentación —separación de Texas, amenazas de separación de Jalisco, Yucatán o Zacatecas, pérdida de grandes territorios del norte tras la guerra con Estados Unidos, la segmentación que podría haber propiciado el Tratado McLane-Ocampo y sus guerras civiles— o de plano desaparecer por absorción de su vecino del norte.

Para entender hoy “el estado de nuestro Estado” tal vez lo mejor sea examinar algunas de sus piezas clave, como el fisco, y ver cómo han evolucionado y funcionado. La Nueva España como centro mundial de la producción de plata no conoció realmente el déficit fiscal y sí, en cambio, contribuyó en grande a sufragar los gastos no sólo de España y sus guerras sino de buena parte de su imperio, de Filipinas a Cuba. Sin embargo, a raíz de la guerra de independencia y de la serie de conflictos internos y externos que le siguieron, el fisco mexicano fue zona de desastre: entre 1825 y 1855 el titular de Hacienda cambio ¡107 veces!

Ya con Porfirio Díaz como presidente inamovible (1876-1911) el Estado mexicano logró dar la impresión de solidez y fuerza, pero la rapidez con que el régimen porfiriano se desmoronó (la rebelión popular lo echó abajo en seis meses) hizo evidente que la sociedad mexicana estaba fragmentada e inconexa en extremo y que los gobiernos del liberalismo económico no habían podido manejar sus tensiones.

Si bien el porfiriato logró superar la situación de dependencia de los prestamistas-agiotistas del pasado, la Revolución hizo retornar las angustias fiscales. La postrevolución se caracterizó por la estabilidad de sus gobiernos autoritarios y políticamente fuertes pero la base impositiva siguió siendo frágil. Como gobierno, el neoliberalismo buscó descargar parte de sus responsabilidades en el mercado, pero finalmente fracaso y hoy la deuda pública equivale a casi el 60% del PIB.

Según cifras de la OCDE, mientras en 2020 los ingresos del gobierno norteamericano como porcentaje de su PIB nacional eran 32 %, los de España 41%, los del conjunto de los países del euro 47% y los del gobierno de Noruega alcanzaron el 55%, en México apenas llegaron al 24.%.

Desde la perspectiva del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el lema de “Primero los pobres” puede interpretarse como la mejor forma de evitar que se repita lo que le sucedió al régimen porfirista que, por generar una estupenda oligarquía se desentendió de la gran base de la pirámide social. Empeño de la actual política presidencial es desarraigar una corrupción muy añeja y lograr un doble objetivo: hacer eficiente al aparato de gobierno y evitarle sangrías al fisco, (contratos amañados, “estafas maestras” etc.), pero aun así le faltan recursos.

Del fracaso del neoliberalismo surgió el proyecto alternativo de AMLO o Cuarta Transformación. La elección del 2018 reabrió la puerta al activismo estatal para responder a demandas de su amplia base social: pensiones para ancianos, becas y otras ayudas a los niños y jóvenes, la recuperación del sector energético, grandes obras de infraestructura, enfrentar a la pandemia de Covid-19 y transformar el sistema de salud pública lo mismo que el de seguridad y un largo etcétera. Todo lo anterior en un entorno donde una poderosa oligarquía —la riqueza de los cuatro mexicanos más ricos equivale al 8% o 9% del PIB— coexiste con un fisco raquítico.

Hoy las demandas sobre el gobierno aumentan en cantidad y complejidad y por más que se combata la corrupción y se practique la austeridad, los recursos son insuficientes. En algún momento el apoyo ciudadano deberá permitir a este gobierno o al sucesor una reforma fiscal de fondo.