En 2019 el gobierno de Estados Unidos arrestó en Texas al ex responsable de la Agencia Federal de Investigaciones y luego exsecretario de Seguridad Pública en dos gobiernos panistas y lo está sometiendo a juicio en Nueva York por crimen organizado —servir al cártel de Sinaloa por más de dos décadas— y falsas declaraciones. El juicio apenas ha empezado pero las declaraciones del primer grupo de testigos han mostrado que no sólo es el exfuncionario sino también está en el banquillo el sistema político mexicano del pasado reciente.

¿Sorprenden las acusaciones por corrupción que se están presentando contra el exfuncionario federal? Quizá apenas un puñado de mexicanos pueda genuinamente llamarse a sorpresa. Sin embargo, hasta el más desencantado no puede menos que sentirse agraviado por las dimensiones de las faltas del funcionario bajo sospecha, por la audacia e impunidad respecto a las acusaciones que de los testigos que han declarado.

Dichas acusaciones no sólo involucran al enjuiciado y a los testigos —personajes de negro historial— llamados a develar los entresijos de un mundo brutal y corrupto en extremo. También, de manera directa e indirecta, nos afectan a todos los que formamos parte de la comunidad nacional mexicana pues la capacidad de las grandes organizaciones criminales de corromper sistemáticamente a nuestras instituciones de gobierno desvirtúa la esencia y razón de ser de la nación de la que somos parte. A juzgar por los testimonios rendidos ante el tribunal de Brooklyn, las instituciones de gobierno simplemente se dejaron penetrar por el crimen organizado al punto de transformarle de fuente de seguridad para sus ciudadanos en una amenaza incluso para los propios gobernantes.

Ahora se confirma que ya en el gobierno de Felipe Calderón, ni la seguridad del propio responsable de la AFI y de la Secretaría de Seguridad Pública estaba a salvo de los criminales que se atrevieron a hacerle objeto de un secuestro exprés en el camino Tepoztlán-Cuernavaca. Según una conversación entre Israel Ávila —un cuadro secundario del crimen organizado— y un miembro más importante del cártel de Sinaloa —Mario Pineda Villa o “El MP”—, a ojos de los jefes del narcotráfico, García Luna estaba para servirles y no al revés. Ya había quedado muy en el pasado ese tiempo que los pioneros del narcotráfico estaban a merced de los jefes políticos o militares, ahora ellos estaban al mando. Según lo afirmara ante el jurado un narco colombiano, Mauricio Poveda, “El Conejo”, que servía de intermediario entre narcotraficantes de su país y de México, por un momento, posiblemente en 2008, Arturo Beltrán Leyva contempló la posibilidad de decapitar a García Luna y enviar su cabeza a alguien dentro del gobierno, pero finalmente le convencieron de que esa acción le generaría más problemas del que pretendía resolver y que era advertir al gobierno que “con él no se jugaba”. Al final se optó por renegociar los términos de la relación agentes gubernamentales-narcotraficantes.

Las cifras que el juicio en Brooklyn ha sacado a relucir son simplemente espectaculares. Según las declaraciones de “El Conejo”, entre los años de 2000 y 2009, él personalmente se encargó del traslado de un millón de toneladas de cocaína de Colombia a México y que finalmente terminaron en el mercado norteamericano. Esa intermediación le redituó ganancias de 3 a 4 millones de dólares por cada diez mil kilos de droga. Con esos montos, entregar mensualmente a García Luna maletas con un millón o millón y medio de dólares a cambio de protección policiaca resultó un negocio fantástico. Cifras como esas también explican la capacidad de los cárteles para obtener el personal y el armamento para enfrentar a las fuerzas armadas y, sobre todo, obtener sistemáticamente la información de inteligencia para eludirlas en las ocasiones en que no podían comprar la protección.

Hay que seguir de cerca y analizar toda la información del caso García Luna. Independientemente de su desenlace, el juicio permitirá tener una visión más realista de quiénes, cómo y para qué han manejado los aparatos del gobierno y cuáles son las opciones realistas y efectivas para enfrentar al crimen organizado en México.  

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