Una interpretación de la naturaleza del desarrollo político mexicano de los últimos sesenta años puede partir del examen del choque y entrelazamiento de dos procesos: la lenta pero clara descomposición del régimen postrevolucionario y los esfuerzos de las oposiciones por dar forma a una alternativa.

¿Cuándo fue evidente la descomposición de esa presidencia sin contrapesos y su partido de Estado montado en la estructura corporativa generada por la Revolución Mexicana? Puede elegirse alguna fecha posterior al momento en que las transformaciones producto de la Revolución llegaron con el cardenismo a su punto culminante.

En los 1960´s hubo movimientos guerrilleros que intentaron forzar el cambio (Ciudad Madera, Guerrero) y también ese dramático 1968-1971, cuando sendas movilizaciones pacíficas estudiantiles que demandaban la democratización desembocaron en las matanzas del 2 de octubre y del “Halconazo”. Cualquiera de esas coyunturas o la “guerra sucia” de los años 1970 indican que el sistema político existente estaba siendo rebasado por los cambios en la sociedad.

A la presión política sobre el régimen se sumó otra, producto de fallas en un modelo económico hasta entonces exitoso: el de la industrialización con base en el mercado interno. La respuesta a ese doble problema fue el neoliberalismo: una Perestroika (dejar que el mercado funcionara casi sin interferencia estatal) pero no un Glasnost (un juego electoral genuino). A la descomposición del arreglo político y económico se añadió la de un corporativo que les había servido de sostén. Y es aquí cuando surgió, propiciado por la coyuntura de la elección presidencial de 1988, un movimiento popular neocardenista que sólo pudo ser contenido mediante un gran fraude electoral. Al final el déficit de legitimidad del sistema político aumentó y una opción de izquierda no violenta se consolidó.

En esa coyuntura la Guerra Fría acabó y dejó de ser coartada anticomunista contra las izquierdas. Washington dejó de considerar la supervivencia del PRI como elemento de su seguridad nacional y en cambio pareció aceptar la teoría de “el fin de la historia” de Francis Fukuyama que le pronosticó un futuro donde el liberalismo económico y la democracia campearían.

El viejo orden mexicano se resistió a la supuesta inevitabilidad de la democracia, pero se entusiasmó con el neoliberalismo privatizador de empresas estatales (y ganancia para el privatizador), la liquidación del acuerdo corporativo y de su “Estado de bienestar” y el ingreso a un acuerdo de libre comercio originalmente pensado sólo para Estados Unidos y Canadá. Se quiso suponer que la solución estaba en la inserción de la tambaleante economía mexicana en la norteamericana y en la limitación del juego electoral a un bipartidismo de derecha (PRI-PAN) para compartir la administración de un régimen que favorecería cada vez más a una oligarquía que no tenía nada que envidiar a la porfirista.

La descomposición política, económica y social de la postrevolución y la inauguración de un juego electoral más o menos limpio entre el PRI y su “oposición leal, el PAN, tuvo un resultado inesperado: la irrupción de una izquierda electoral heterogénea y heterodoxa pero robusta encabezada por un dirigente carismático. En 2018 esta izquierda logró una victoria innegable en las urnas con sus banderas de lucha contra la corrupción endémica y proponer la conquista del gobierno para transformar al régimen y poner por delante un “primero los pobres” pero sin pretender ser una alternativa al capitalismo ni romper lazos económicos con la potencia hegemónica.

En tres años, esa izquierda ha enfrentado con éxito los embates de los intereses que resienten el cambio, pero aún tiene camino que recorrer para demostrar que es una alternativa viable.