¿De qué servirá que AMLO y los gobernadores del país hayan firmado un compromiso de no intervenir en las elecciones de junio próximo –lo que, por lo demás, es una obligación legal que debe acatarse sin necesidad de acuerdo alguno– si cada vez hay más evidencia del uso faccioso de instituciones desde el poder, para favorecer y/o desprestigiar candidatos, sean del partido en el gobierno o de la oposición?

Permítame compartirle, como ejemplo, la información que me llega desde Puebla, en la que se acusa al gobierno del estado, así como a los poderes Legislativo y Judicial locales, de llevar a cabo una campaña para incidir en el resultado electoral, mediante lo que consideran “fabricación de delitos” contra los “enemigos” políticos del gobernador Luis Miguel Barbosa.

Según testimonios de algunos de esos adversarios, la campaña de marras está en marcha desde mediados del año pasado e incluye amenazas privadas y/o amagos de auditorías. En tales declaraciones aseguran que el gobierno poblano de Morena está dispuesto a inventar lo que sea, con tal de afectar la imagen de sus opositores, sobre todo del PAN, segunda fuerza política en la entidad. Y acusan que instancias estatales como la Función Pública, la Fiscalía y la Auditoría Superior (ASP) actúan de manera injusta e imparcial cuando deberían garantizar el estado de derecho.

Hay varios ejemplos de personajes que dicen ser objeto de persecución por no compartir opiniones ni proyecto del gobernador Barbosa:

Uno de ellos es el de Genoveva Huerta Villegas, presidenta del PAN en Puebla, quien en julio de 2020 solicitó amparo ante la constante amenaza mediática de que será metida a la cárcel. Se le liga con una supuesta estructura financiera con dinero de dudosa procedencia que operó campañas políticas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, por lo cual fue vinculado a proceso a finales del año pasado Eukid Castañón, exdiputado panista y uno de los hombres más cercanos del exgobernador muerto en un accidente de helicóptero.

Otro caso es el del empresario Eduardo Rivera Pérez, candidato a la presidencia municipal de la capital poblana por la alianza PAN-PRI-PRD. La ASP le reclama, sin que hasta ahora se sepa de orden de aprehensión alguna, casi 15 millones de pesos irregularmente gastados cuando fue el edil de la ciudad entre 2011 y 2014.

Uno más es el de la actual presidenta municipal, la morenista Claudia Rivera Vivanco, quien ha anunciado su intención de buscar la reelección. Aunque del mismo partido, la munícipe no es santa de la devoción de Barbosa, quien apoya a Gabriel Biestro para retener la capital. En el contexto de esa pugna política, la ASP ha ordenado una investigación contra Rivera Vivanco por el presunto amaño en un contrato relacionado con el barrido mecánico de calles y viviendas.

Otro morenista, expresidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, ya fue metido a prisión. Él dice que “por rebelarse a los caprichos del gobernador”. Está acusado de varios delitos, entre otros el de usurpación de funciones, aunque se desconoce el avance de las indagatorias por el hermetismo con que las ha mantenido la Fiscalía del Estado.

Un caso más es el del exgobernador panista José Antonio Gali Fayad, con quien Barbosa sostiene una guerra mediática para frenar sus aspiraciones políticas y un día sí y otro también anuncia desde sus mañaneras investigaciones de irregularidades cometidas en su gobierno.

También está el caso del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, a quien Barbosa –según se dice– quiere arrebatar el control de la casa de estudios, por lo que ha acusado a su hija Luz Andrea Esparza de una supuesta discrepancia entre ingresos y gastos.

Y el más reciente, dicen los que saben, es contra la Secretaría de Salud estatal con el anuncio de que la ASE reabrirá auditorías de las cuentas públicas 2011, 2012, 2013 y 2019. Además de que ya han pasado diez años en el primero de los casos, se trata de recursos federales fuera de su competencia que ya fueron auditados y aprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). ¿Cuál es la finalidad? ¿Contra quién están dirigidas esas investigaciones?

Los enterados dicen que el objetivo es judicializar todos estos casos a medidos del año, ya muy cerca de las elecciones de junio.

Instantáneas:

1. CON TODO. Aunque finalmente todos los gobernadores y la jefa de gobierno firmaron ayer con AMLO el Acuerdo Nacional por la Democracia con el compromiso de no intervenir en el proceso electoral del próximo 6 de julio y garantizar comicios limpios y equitativos, fue evidente la tensión que imperó en la ceremonia, no solo por los desacuerdos existentes con un grupo de mandatarios estatales que han chocado con el Presidente, sino por la presencia del de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sometido a juicio de desafuero en la Cámara de Diputados a petición de la FGR que los acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. A la salida de Palacio Nacional, el gobernador tamaulipeco declaró que no tuvo la oportunidad de hablar con AMLO. Se supo, sin embargo, que García Cabeza de Vaca ya ha enviado señales de entablar una negociación política ahora que sabe que familiares muy cercanos son investigados y que tanto la FGR como la UIF van con todo.

2. TLANEPANTLA. El presidente municipal de ese industrioso municipio mexiquense, Raciel Pérez Cruz, decidió buscar el respaldo de su partido, Morena, para reelegirse en el cargo el próximo 6 de junio. Presenta como credenciales avances en seguridad, servicios y obra pública. La definición de quienes contiendan con los colores de Morena por las presidencias municipales del Estado de México será hasta la primera semana de abril. Pero algunos de los liderazgos de ese partido consultados por esta columna, parecen estar dispuestos a darle continuidad al proyecto de trabajo que encabeza Pérez Cruz. Recuerdan, sobre todo, la determinación con que el munícipe cesó y denunció penalmente al director del Organismo del Agua municipal, Jonás Sandoval Orozco, cuando se descubrió que había falseado documentos exigidos para que pudiera ocupar la posición. Falta, pues, esperar la decisión final, pero hasta ahora todo indica que Morena respaldará a Raciel Pérez Cruz para buscar la reelección en Tlalnepantla.

3. PLATAFORMAS DIGITALES. Muy interesante el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que considera que las plataformas digitales abren nuevas y muy importantes posibilidades en el mercado laboral convencional, particularmente para las mujeres, los discapacitados, los jóvenes y, en general, los excluidos de las oportunidades de empleo. El documento publicado en el sitio web https://safeshopping.news/2021/02/24/plataformas-digitales-y-la-transformacion-del-mundo-del-trabajo/ permite entender cómo aplicaciones (apps) de uso generalizado (Aliada, Didi, Rappi o Uber, por citar algunas), cambian minuto a minuto el mundo del trabajo, pero también las posibilidades de sobrevivencia de las empresas en el futuro inmediato. Considera que vienen grandes desafíos asociados a la pandemia, ya que cada vez es más difícil distinguir entre asalariados y personas que trabajan por su cuenta sin un relación formal o contractual de por medio.



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