Después de más de tres años de amenazas y mañaneras, ya deberíamos tener claro que, si por López Obrador fuera, ya habría desaparecido todas las instituciones, autónomas o no, y concentraría todo en unas cuantas dependencias encabezadas por incondicionales que cumplirían todos sus deseos sin cuestionar. Este sería su edén, pero para hacerlo se requiere modificar la Constitución, y ello requiere votos de la oposición. Entendido esto, entonces nos resta analizar cómo se van moviendo sus prioridades respecto a sus proyectos, filias y fobias, léase presupuesto, elecciones, energía, entre otros. 

AMLO ha arremetido contra varios organismos: el INAI, la Cofece, el IFT. Al INE lo trae totalmente atravesado, y ya avisó que viene la reforma electoral después de la energética. La semana pasada habló de eliminar 16 organismos dentro de lo que llama “reforma administrativa” y ahí le tocó al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Al Sistema no puede desaparecerlo porque se requiere modificación constitucional, pero circula un proyecto de iniciativa de reforma de ley para extinguir a la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA) y, en este caso, bastarían los votos de la mayoría simple para aprobarse en el Congreso y AMLO los tiene. Al respecto, el viernes pasado, EL UNIVERSAL publicó importante información sobre algunas de las implicaciones de ello. 

La SESNA es el organismo descentralizado encargado de dar la asistencia técnica y los insumos necesarios que permiten el funcionamiento del SNA; su extinción sería un tiro de precisión que, en términos prácticos, acabaría con el Sistema. El Comité de Participación Ciudadana, piedra angular que debe marchar de la mano de la sociedad civil -otro bastión completamente degradado por AMLO-, no tiene ni personal ni presupuesto, y el Comité Coordinador, el otro brazo del SNA, está formado por instituciones ya existentes que tienen sus propios incentivos jurídicos y políticos. ¿Ha funcionado hasta ahora el SNA? No. Las razones son varias, algunas relacionadas con problemas de diseño, otras con una natural inmadurez, pero lo más importante ha sido la falta de voluntad política para atacar efectivamente la corrupción; por lo mismo, tampoco han funcionado la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía Anticorrupción. 

La SESNA ha hecho cosas importantes. Por ejemplo, coordinó la Plataforma Digital Nacional y la Política Nacional Anticorrupción. Presupuestalmente, aunque le han asignado 686 millones de pesos (mdp) desde su creación en 2017, ha ejercido sólo 417 mdp; el resto lo ha devuelto. De desaparecerla, esos recursos no se invertirán en el combate a la corrupción. El hecho de que no haya sido efectivo hasta ahora el SNA no significa que no se requiera un sistema independiente que persiga la corrupción. Los escándalos de Odebrecht, la Casa Blanca, Pío López Obrador, Manuel Bartlett, Delfina Gómez y José Ramón López Beltrán son ejemplos que confirman que las investigaciones no deben llevarse a cabo dentro del Poder Ejecutivo: ello representa un conflicto de intereses infranqueable. 

Pero, en realidad, poco importa tratar de razonar con AMLO: ni los argumentos, ni los hechos, ni lo técnico, ni las pruebas funcionan con él; no le importan ni para atacar a “sus adversarios” ni para defender a sus incondicionales. El Presidente habla otro idioma: el de la irracionalidad, el de el mesianismo, el del dislate. Habla de desaparecer organismos cuyo nombre ni siquiera conoce. Extinguir a la SESNA es matar la esperanza que hoy tenemos, aunque sea en el papel, de que algún día se luche contra la corrupción de manera seria.