Esta semana les darán los santos óleos a los organismos autónomos. No hay vuelta atrás. La palabra de López Obrador empeñada el 5 de febrero fue labrada en piedra; todas sus reformas propuestas se han estado aprobando, y sólo faltaba construir una mayoría apabullante que anuló toda posibilidad de reconsideración, diálogo y participación democrática.
Se van los autónomos y es la ausencia del INAI la que lastimará más. Es una tragedia para la rendición de cuentas. Ni hablar. Ni Juan Ramón de la Fuente ni Arturo Zaldívar cumplieron su palabra: dijeron que habría diálogo y parlamento abierto en este tema, pero no hubo.
El proyecto de reforma constitucional “de simplificación administrativa” que se discutirá esta semana en la Cámara de Diputados debe analizarse en conjunto con la propuesta de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de noviembre. Se requiere de ambos documentos para armar el rompecabezas de cómo se absorberán las atribuciones de los autónomos:
Las del INAI pasarán a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Función Pública); las de Coneval, al Inegi, y las de la CRE y la Comisión de Hidrocarburos, a la Secretaría de Energía.
Pero el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica es distinto. En la iniciativa de cambios a la LOAPF no se suman a la Secretaría de Economía, como lo previó AMLO; las atribuciones de competencia económica que la reforma constitucional le quita a Cofece y al IFT, lo mismo pasa con las de telecom, que iban a la Secretaría de Comunicaciones en el documento de febrero.
En este sentido, y como lo adelantó ayer EL UNIVERSAL, con la reserva que presentará el diputado Alfonso Ramírez Cuellar para crear la agencia antimonopolios, el reparto quedaría así:
1. Facultades regulatorias de telecomunicaciones y radiodifusión del IFT pasarán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que presidirá José Merino y que absorbe, además, todo lo de la SICT en esta materia, incluyendo satélites, correos y telégrafos.
2. Facultades de competencia del IFT y todas las de Cofece se trasladarán a esta nueva agencia “antimonopolios”.
Pero esta agencia no será un órgano autónomo, tendrá sólo autonomía técnica, pero seguirá estando dentro del Poder Ejecutivo. Peligroso todo esto, porque las facultades otrora diseñadas como traje a la medida para órganos autónomos, al centralizarse nuevamente, pierden la lógica y se trasladan limitaciones para los particulares que no tienen razón de ser en el nuevo esquema, como la eliminación de los recursos administrativos y la suspensión en el amparo para el caso de telecomunicaciones y competencia. Muy peligroso.
Finalmente, Monreal, Ramírez Cuellar y la propia Sheinbaum han mencionado que con la creación de la agencia antimonopolios se evitará el incumplimiento del T-MEC, pero esto no es exacto en el caso del IFT, porque está mencionado expresamente en el capítulo 18 como órgano autónomo independiente del Poder Ejecutivo. Ganó Trump, y las complejidades se acumulan hacia la revisión del T-MEC en 2026.
EN LA SOBREMESA
Como muchos, no logro recuperar el aliento desde la desarticulada sesión de la Suprema Corte sobre la reforma judicial. Tenía ya escrita mi columna sobre el voto del ministro Pérez Dayán, con quien me une una amistad profesional de años, pero decidí esperar. Me parece que el tema debe madurar en la sociedad mexicana —y en mí— para poder hacer un análisis objetivo y prudente.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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