Una vieja construcción del Centro Histórico, ubicada en República del Perú 122 y habitada por decenas de familias, fue desalojada con lujo de violencia por integrantes de la Unión Tepito.

Acto seguido, un arquitecto llamado Gregorio Leyva Quezada se encargó de “recuperar” el predio mediante el pago de 500 mil pesos a líderes del grupo criminal. La Unión entregó el predio, que fue demolido y “regularizado” a fin de que se le pudiese convertir en una plaza comercial retacada de artículos chinos.

Según información en poder del gobierno capitalino, el arquitecto Levya Quezada se ha encargado de “recuperar” otros predios despojados por la Unión Tepito para demolerlos y “regularizarlos” mediante el contubernio de funcionarios delegacionales y del gobierno de la ciudad.

Eso mismo ocurrió en Bolivia 68, otra vieja construcción de la que la Unión se había apoderado a golpes, martillazos y amenazas.

A Leyva se le investiga en relación a los predios de Perú 122, Santo Tomás 36, Isabel la Católica 75, Bolivia 58 y 68 y Argentina 96. Su nombre aparece relacionado con esos despojos, demoliciones y “regularizaciones”.

Desde la administración de Miguel Ángel Mancera se reportó la existencia un grupo de personas que se habían aliado con la Unión Tepito para hacerse de predios de manera ilegal y construir plazas cuyos locales fueron vendidos a comerciantes de la zona –sometidos más tarde a “cobro de piso” por integrantes del grupo criminal.

En esos tiempos se detectó este modus operandi en las calles de Rodríguez Puebla 21 y 35, Manuel Doblado 34, 73, 104 y 113, Colombia 86, Florida 7, República de Venezuela 48, 83 y 123, Lecumberri 17, 29 y 40, Leona Vicario 41, 45, 47 y 48, Emiliano Zapata 64 y Miguel Alemán 14.

En todos esos sitios fue denunciada la existencia de obras irregulares: construcciones de plazas sin los permisos ni las autorizaciones correspondientes, falta de licencias, edificación de hasta siete niveles sin que mediaran dictámenes de altura ni criterios de conservación, colocación de estructuras en inmuebles catalogados por el INAH, demoliciones efectuadas sin permiso y sin registro.

En julio de 2016, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron un inmueble situado en Argentina 96. Se alegó que estaba ocupado de manera irregular. El edificio fue adquirido más tarde por un sujeto llamado Othón Torres Nájera. Comenzó la demolición.

Las denuncias de los vecinos lograron que diversas dependencias intervinieran, colocando sellos de clausura o suspensión. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Medio Ambiente, el INAH, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana. Los sellos no impidieron que el edificio fuera demolido por la empresa Comercial del Centro Granadinas.

Ahora se alza ahí la plaza comercial Flamingos. En el consorcio que la demolió, de acuerdo con reportes gubernamentales, figura como secretario un ciudadano de origen chino: Lei Gao. Como presidente, el ya mencionado Othón Torres Nájera. La persona señalada para oír y recibir notificaciones, así como el gestor de la obra… es nada menos que el arquitecto Gregorio Leyva.

Hay al menos 29 plazas comerciales hechas en los últimos años en las que el nombre de Leyva está involucrado. Según las denuncias de vecinos, desde 2014 se ha denunciado la existencia de 50 plazas irregulares, que antes fueron vecindades o edificios despojados de manera violenta por la Unión.

El gobierno capitalino ha detectado que durante la presente administración hay al menos siete predios del “Perímetro A” que pasaron por el proceso de despojo y corrupción ya reseñado.

En Emiliano Zapata 40, personal del INAH suspendió una obra irregular el pasado mes de abril. El inmueble se hallaba catalogado. Por medio de drones, se detectó que se estaba efectuando una demolición parcial en el interior, “conservando la totalidad de la fachada”. El dictamen se canalizó a la Subsecretaría de Asuntos jurídicos de la PAOT para que se ejercieran acciones penales en contra de quien resulte responsable. Nuevamente, la misma mafia aparece involucrada.

Los vínculos de Levya y Torres Nájera con la Unión fueron denunciados por vecinos del Centro Histórico desde la administración anterior. Ninguna de las obras irregulares en que participaron fueron suspendidas. Todas esas plazas funcionan con normalidad. En este gobierno han logrado pararles algunas obras. Pero la colusión de funcionarios de la alcaldía y de algunas dependencias de capitalinas continúa: un negocio de millones y plazas chinas para la Unión Tepito.