En los municipios michoacanos de Buenavista, Coalcomán, Los Reyes y Tepalcatepec, el grupo criminal conocido como Cárteles Unidos —parapetado bajo el título de “autodefensa”—, inició en agosto pasado una colecta de 300 pesos por domicilio, con el pretexto de reunir fondos para detener la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Quienes se negaron a entregar la cuota fueron amenazados con multas y castigos.
Nada detiene la guerra desatada entre estos cárteles. Nada para el desplazamiento de habitantes, las zozobras de la población, la falta de alimentos y otros productos, los testimonios de quienes los han perdido todo.
“No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz”, dijo ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al comparecer ante el Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Resulta, sin embargo, que el gobierno de AMLO no ha ganado ni la guerra ni la paz: en 31 meses —hasta julio— su administración sumaba 91 mil 919 homicidios.
El mes pasado, según el conteo de la consultora Lantia Intelligence, las víctimas letales del crimen organizado aumentaron en 14 estados y la violencia política creció 13%, con ejecuciones de funcionarios municipales y estatales en Veracruz, Morelos, Estado de México y Oaxaca.
A mitad del camino, el gobierno de López Obrador estará sumando 100 mil muertos a consecuencia de los niveles históricos de violencia.
Desde que la 4T llegó al poder, la cifra más baja de homicidios fue de 2,634 en diciembre de 2020. En 11 ocasiones se han registrado más de 2,900 homicidios mensuales, y se alcanzó incluso la cifra récord de 3,042 asesinatos en marzo de 2020.
A la violencia desbordada en Michoacán, se suma el horror cotidiano en Guanajuato, donde a principios de agosto dos ataques realizados por comandos en Irapuato y Moroleón dejaron al menos 14 personas muertas y cinco lesionadas.
En este último municipio, seis personas fueron acribilladas en el interior de una cantina. En Irapuato, ocho personas fueron acribilladas desde un vehículo en movimiento mientras convivían a las afueras de una vivienda.
268 víctimas del crimen organizado colocan a este estado en el primer lugar de un ranking del que también forman parte Baja California, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas.
En su último reporte sobre la violencia del crimen organizado, Lantia reporta que en Tamaulipas ocurrió un quiebre dentro de las organizaciones criminales conocidas como Los Ciclones, Los Escorpiones y Los Metros: decisiones recientes tomadas por los líderes de estos grupos causaron el descontento de sus miembros, quienes decidieron formar una nueva alianza a fin de hacerse del control territorial y criminal de la frontera de Tamaulipas.
A los sacudimientos desatados por los Cárteles del Golfo, el Noroeste, el Jalisco Nueva Generación y los Zetas, no tardarán en sumarse los provocados por esta escisión, a cuya inauguración acompañó la ejecución de Ernesto Sánchez Rivera, El M-22.
En Jalisco, en solo 30 días, se incrementó 79% el número de víctimas letales del crimen organizado, en comparación con el mes anterior. La violencia se disparó en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, en donde el Cártel Nueva Plaza sigue peleando espacios al CJNG.
Todo esto coincide con un aumento en baños de sangre en Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Quintana Roo.
La trayectoria de la violencia en 14 estados, en un gobierno que afirma que llegó para “ganar la paz”, indica que en unos días, en unas semanas, el país alcanzará la cifra brutal de 100 mil muertos, sin indicio alguno de que esto pueda detenerse.
Hasta ahora, ni la guerra ni la paz.
Solo la sangre y la muerte.
