El 10 de enero de 2022, aproximadamente a las 14:50, mientras hacía un recorrido por el área de procesados del Centro de Readaptación Social de San Miguel, Puebla, un custodio fue informado por un interno de que en un contenedor de basura había un niño muerto.

El menor estaba envuelto en una cobija azul y lo habían metido dentro de una bolsa de papel. Tenía una pulsera en la cual se podían leer los apellidos “Ayala Peralta”. En la bolsa había residuos de un polvo blanco, parecido a la cal. Se calculó que el niño tendría unos tres meses de edad. Aunque podrían ser menos. Semanas e incluso días.

Según un reporte del gobierno de Puebla, el hallazgo fue informado vía telefónica a la agente del MP de la Unidad Especializada en Homicidios. Eran las 17 horas cuando agentes de la fiscalía y un grupo de peritos, llegaron al centro de reclusión.

A lo largo de cinco horas practicaron el levantamiento de evidencias. A las diez de la noche, el cuerpo del pequeño fue retirado.

“¿Por qué lo llevaron, cómo ingresa un bebé a un penal, cómo es que las autoridades no se dan cuenta de que un bebé entra y no sale?”, preguntó 11 días después la activista Saskia Niño de Rivera, miembro de Reinserta y colaboradora de El Gran Diario de México.

Lo que se sabe hasta el momento es que la fiscalía ha revisado las bitácoras del centro de reclusión para indagar qué personas privadas de la libertad ingresaron al área de contenedores entre el 9 y el 10 de enero; qué internas con hijos menores de edad había en San Miguel, y qué personas se habían registrado como visitantes entre el 8 y el 10 de enero.

La fiscalía checó videograbaciones de seguridad, según el reporte del gobierno de Puebla, así como el padrón “de cinco meses a la fecha de personas privadas de la libertad que se encuentran o encontraban en estado de gravidez al interior del centro”. Se investigó también si alguna de estas personas sufrió un aborto o tuvo labor de parto de cinco meses a la fecha.

El informe establece que se intentó indagar, de manera especial, si dentro de la población femenina de San Miguel “se encuentra alguna interna con los apellidos Ayala Peralta, y si dentro de la visita que acudió al centro penitenciario entre el 7 y el 10 de enero de 2022, alguien era de apellidos Ayala Peralta o llevara en brazos a un menor recién nacido”.

También se buscó información del ingreso de camiones recolectores, y sobre dos dormitorios en los se emplea la cal para realizar trabajos de remozamiento.

Aparecieron los nombres de 74 personas que laboran para una empresa de plásticos, las cuales tienen acceso al contenedor en donde el cuerpo fue encontrado.

Pero esas empresas no trabajaron el domingo 9.

Se detectó la existencia de siete mujeres embarazadas en San Miguel. Ninguna había dado a luz.

Se confirmó también que no había en el centro ninguna persona con los apellidos Ayala Peralta y que nadie con esos apellidos ingresó al lugar. Se confirmó que por las restricciones ocasionadas por la actual epidemia, no se permite el ingreso a San Miguel, en calidad de visitantes, ni de menores ni de mujeres embarazadas.

En consecuencia, “no existe registro de ingreso de ninguna persona que llevara un bebé en brazos”.

Los días de visita para los internos del área en donde se halló el cadáver, son de miércoles a domingo, de 9 a 15 horas.

La fiscalía obtuvo videos de los días 7, 8 y 9 de enero. Esos videos mostraron que los internos pueden transitar libremente para depositar su basura en los contenedores, y que los camiones recolectores de basura ingresan en un horario de 9 a 17 horas. Pero nada más.

Absolutamente nada más.

Adelantándose a los hallazgos de la fiscalía, Saskia Niño de Rivera ha informado que el niño se llamaba Tadeo y que nació el 4 de octubre de 2021. Que murió por problemas intestinales cinco días antes de aparecer en San Miguel. Que al día siguiente su cuerpo fue enterrado en un panteón de Iztapalapa, en la ciudad de México.

Un día después de que se hiciera público el hallazgo, los padres de Tadeo sospecharon que el niño “podría ser su hijo”. Relata Niño de Rivera que ambos fueron al panteón, y que ahí los amenazaron cuando descubrieron “que su hijo ya no estaba”.

En resumen, un bebé con una pulsera en la que se leían los apellidos “Ayala Peralta” fue exhumado de manera clandestina en un panteón de Iztapalapa, y cinco días más tarde apareció en un contenedor de basura del Cereso de San Miguel, en Puebla.

No existen videos, no existen registros, la pulsera con los apellidos no da ninguna pista. Nadie sabe hasta el momento –o por lo menos no se ha hecho público--  cómo llegó hasta allí: cómo un cuerpo puede evadir los filtros y las cámaras de video; cómo un cuerpo puede ser exhumado clandestinamente en un panteón de Iztapalapa, en el que se amenaza a los deudos que descubren este ilícito.

Se ha dicho que el cadáver del niño fue empleado para ingresar droga en el penal. No existe evidencia de que esto haya ocurrido, y no existe evidencia de que esto no haya ocurrido.
Lo único real hasta ahora es que un bebé con una herida en el vientre apareció muerto entre la basura de un centro “de readaptación social”. Otra historia de este México.