El 30 de enero pasado, integrantes del grupo criminal Los Ardillos rociaron con gasolina un inmueble de la colonia Loma Bonita, en Chilpancingo, Guerrero. Adentro se hallaban tres jóvenes que formaban parte de las autodefensas conocidas como Los Tlacos. Los Ardillos le prendieron fuego al domicilio y aseguraron la puerta por fuera, para que sus víctimas no pudieran salir. 

Era la respuesta a un enfrentamiento entre Ardillos y Tlacos, ocurrido tres días antes en Buenavista de la Salud. Ese día el tiroteo duró más de dos horas y dejó ocho muertos. 

La guerra entre ambos grupos ha ido creciendo en su intensidad a lo largo de 2022. El combate no sucede en los pueblos de la sierra, sino en la misma capital del estado, que en días pasados se halló sumergida en un virtual toque de queda: calles vacías al anochecer, negocios cerrados, apagones en diversas colonias y retenes de la delincuencia que pasaban revista a vehículos incluso en las calles céntricas… 

El sábado pasado, ninguna de las 32 pollerías del mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla alzó sus cortinas. Sobre los mostradores de azulejo blanco, inquietantemente vacíos, solo pendían mandiles negros colgados. Una protesta a la serie de asesinatos ocurridos en los últimos días: una “protesta de mandiles caídos”. 

Los casos de extorsión a los distribuidores de pollo, por parte de grupos de la delincuencia organizada, se habían hecho visibles desde mediados de mayo pasado, cuando personal de la fiscalía general del estado detuvo a tres integrantes de Los Tlacos, entre los cuales se hallaba un policía ministerial. 

Las extorsiones siguieron, sin embargo. 

El lunes 6 de junio, frente a decenas de personas que siguieron realizando sus compras, un distribuidor de pollo fue asesinado de cuatro tiros en uno de los andadores del mercado. Acababa de volver hacía apenas tres días, después de huir debido a las amenazas de muerte que había recibido. 

Los ataques siguieron durante las 24 horas siguientes. Los extorsionadores mataron a una mujer en una recicladora del sur de Chilpancingo, y dejaron además a dos heridos de bala; incendiaron un local de ropa en el centro y quemaron dos Urvan y tres taxis. 

Para colmo, el jueves siguiente se registró otro ataque a las puertas del mercado: los agresores abrieron fuego en contra varios distribuidores: hubo un muerto y un herido. 

El sábado 11 de junio hombres armados ingresaron en una granja ubicada en la localidad de Petaquillas, la cual pertenecía a familiares del distribuidor asesinado el lunes 6 en el mercado central. En menos de un minuto rafaguearon a seis personas ¡que se encontraban desplumando pollos…! Entre ellas, una menor de solo 12 años de edad. 

Aunque la granja se ubica a un lado de la autopista México-Acapulco, a menos de 300 metros del sitio en donde la Guardia Nacional ha instalado un retén permanente, ninguno de los agresores fue detenido. 

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, se limitó a decir que “se reforzará la vigilancia”. La gobernadora morenista del estado, Evelyn Salgado, cuya familia política, según se ha probado, mantiene nexos con el crimen organizado, sencillamente brilló por su ausencia. 

El obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel, declaró que en Chilpancingo hay una guerra de tres grupos –Los Ardillos, Los Tlacos y una escisión de estos– que están enfrascados en el control del transporte público y la distribución de carne de pollo, de res y de cerdo. 

Según el obispo, las autoridades “saben quiénes son los responsables” de la violencia desbordada que recorre la capital del estado. “Incluso yo sé quiénes son –dijo–, pero no lo puedo decir”. 

Rangel criticó que se utilice a militares y marinos “para desplegar operativos” cuando “la gobernadora y la alcaldesa de Chilpancingo saben quiénes son y podrían ordenar que vayan directamente por los delincuentes”. 

En una declaración de escándalo, agregó que todo se puede arreglar, hablando “con ciertos personajes” que le dijeron “que están dispuestos a cooperar”. 

Chilpancingo está dividido criminalmente en dos porciones. Una la controlan Los Ardillos. La otra la controlan Los Tlacos. 

Hace unos días uno de estos grupos retuvo durante nueve horas a 30 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, a quienes finalmente corrieron a pedradas. 

La imagen resulta elocuente. El crimen organizado, que exprime a la población, dispone de una amplia y sólida base social, y goza de la protección y la complicidad del poder político, se ha convertido hoy en el amo verdadero de la capital del estado.