El pasado 6 de junio, el municipio sinaloense de Ahome se convirtió en teatro de una guerra electoral llevada a cabo, no por los partidos políticos, sino por grupos de la delincuencia organizada.

Los reportes de aquel día hablan de una jornada sin precedente histórico. Sicarios encapuchados y provistos de armas de largo poder recorrieron la cabecera municipal y las comunidades rurales, desatando el pánico, perpetrando “levantones”, amenazando funcionarios, robándose las urnas, cometiendo, incluso, asesinatos.

En Los Mochis, sicarios irrumpieron en la casilla 0171 –ubicada en 20 de Noviembre y Álvaro Obregón–: en solo unos segundos arremetieron a golpes contra los funcionarios de casilla, les quitaron los celulares y las carteras, cargaron el material electoral en una camioneta y salieron disparados con rumbo desconocido. Atrás dejaron a votantes que habían sido presa de ataques de nervios.

“Se llevaron todas las boletas, todo el material electoral. Cada quien corrió a donde pudo”, declaró una de las funcionarias. “A los varones y a la presidenta de la casilla la encañonaron con un arma y se llevaron las urnas, todo lo que pudieron. Hasta cachetadas les dieron”, agregó.

Según un vocal ejecutivo del INE, “los empistolados” entraron en casa del presidente de una casilla en el distrito electoral 02, lo despojaron de los paquetes y lo amenazaron “en el sentido de que no debería instalar la casilla so pena de que se atuviera a las consecuencias”. Eran apenas las siete de la mañana y ya los diablos se habían soltado.

El propio presidente de la República reconoció al día siguiente que le habían informado de la crisis que había explotado en Ahome. Los informes coinciden en que desde el sábado 5 en la noche grupos de la delincuencia comenzaron a amenazar, sobre todo a los representantes del PRI, en la zona rural.

El periódico Noroeste documentó que los grupos armados se llevaron 18 casillas en comunidades rurales que corresponden al distrito 3. “Rápido, rápido, saquen los celulares y las billeteras, rápido”, decían. Con el dinero y los teléfonos se llevaban las urnas.

Algunas fueron devueltas más tarde, con votos dentro.

En la casilla 0278, donde habían votado ya unas 600 personas, los pistoleros ahuyentaron a los representantes y subieron ocho urnas a una pick up.

Los comandos recorrieron Nuevo San Miguel, el Ejido Águila Azteca, el Ejido Chávez Talamantes, Valle del Carrizo y el Ejido Bachomobampo Dos. A una reportera que acudía a realizar la cobertura del día en este último sitio, los tripulantes de una camioneta atravesada en el camino le pasaron un teléfono celular en el que una voz le indicó que no se metiera en problemas y por su seguridad volviera sobre sus pasos.

En unas 20 casillas se suspendió la votación debido a la presencia de grupos armados. “Esas casillas ya no pudieron continuar, se procedió a cerrarlas de forma anticipada”, informó la autoridad electoral.

En Sinaloa, el secreto a voces es que los grupos operaron a favor de la candidatura de Gerardo Vargas Landeros, quien quedó como abanderado de Morena-PAS a propuesta del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

La imposición de este personaje, exsecretario general de Gobierno en los oscuros tiempos del gobernador Mario López Valdez, desató una rebelión entre los grupos políticos aliados a Morena, quienes acusaron a Mario Delgado y al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya, de traicionar al partido.

Vargas Landeros está ligado al malovismo, que es visto en el estado como uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Sinaloa. Se ha señalado su cercanía con el tristemente célebre “Chuy Toño”, exdirector de la Policía Ministerial, por quien la PGR ofreció una recompensa en 2015, y a quien se acusó de brindar protección al Cártel de los Carrillo Fuentes.

Tanto Vargas Landeros como “Chuy Toño”, muerto recientemente de Covid-19, fueron considerados el brazo del Mayo Zambada dentro del gobierno de Sinaloa, un estado sacudido hoy por la sospecha de un oscuro pacto.