“¡Señor de los cielos!”, lloraba con voz desgarrada una mujer, mientras cerca de ella se escuchaba el traquetear ensordecedor de las ráfagas.

“¡Ayuda, por favor, estamos en las casas!”, decía otra en uno de los videos que circularon el sábado pasado, durante el ataque a la comunidad de El Durazno, en Coyuca de Catalán, Guerrero.

Ese día, a media tarde, camionetas rotuladas con las siglas de la Familia Michoacana ingresaron a esa comunidad serrana, en la que habitan unas 250 personas. Los pobladores dicen que cerca de un centenar de sicarios encapuchados llegaron a bordo de estas. Según la comisaria de El Durazno, Azucena Rojas García, los grupos del crimen organizado habían pisado varias veces los límites de la comunidad: asesinaban gente a las afueras y se iban.

Esta vez ingresaron al poblado cuando los habitantes se preparaban para el festejo guadalupano. Sacaron a la gente de sus casas, la concentraron en la plancha de la primaria Ignacio Zaragoza y asesinaron a siete personas, entre ellas, a dos que habían llegado de Colima para visitar a sus familiares, así como a un niño de 11 años.

Mientras abrían fuego, los sicarios gritaron los nombres de quienes les mandaron a hacer eso: Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, líder de la Familia Michoacana, así como dos sujetos apodados El Borrego y El Gordo.

El Gordo, identificado como Javier Hernández Peñaloza, ha sido denunciado desde hace más de una década como líder de uno de los grupos criminales que asedian las comunidades serranas de la Tierra Caliente para controlar el paso de la droga, la explotación de oro y los recursos forestales. 
Tras perpetrar la masacre, los sicarios recorrieron el pueblo. Durante su recorrido acribillaron las fachadas de unas 15 casas y le prendieron fuego a una cuatrimoto (algunos pobladores contaron que fue quemado vivo su tripulante).

No había terminado lo peor. Los cuerpos quedaron tendidos a lo largo de 15 horas, hasta que alguien decidió llevarlos a una casa situada a la entrada del pueblo, “la de la señora Silvia”.

Ahí comenzaron a velarlos, mientras esperaban la llegada de las autoridades. 
Las autoridades tardaron un día en llegar.

Para entonces, el pueblo había decidido no denunciar los hechos. De cualquier modo, se bloqueó la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a fin de exigir que los criminales fueran expulsados. 
Hombres armados seguían asentados en la comunidad, según la comisaria Rojas. 
“Nos han robado vacas, nos han quemado ranchos, nos matan familiares, y todo queda en los documentos”, se quejó la comisaria.

Hace un año, un tiroteo de tres días, encabezado por gente de Crescencio El Chano Arreola, líder del grupo criminal Guardia Guerrerense, obligó a la gente a refugiarse en el dispensario médico de la comunidad. Meses antes, unos 800 pobladores de un ejido cercano, Guajes de Ayala, tuvieron que desplazarse para huir de la violencia, dejando atrás pueblos fantasma y casas envueltas en llamas. Habían denunciado la quema de viviendas y el robo de 200 cabezas de ganado. 
Eso mismo había ocurrido una década atrás, en 2011, el año en que diversos pueblos de Coyuca de Catalán quedaron abandonados tras la ejecución de 16 personas.

A lo largo de una década nada ha cambiado.

A principios de este mes, el 7 de diciembre, unos 80 sicarios metidos en ropas militares arribaron al Cereso de Coyuca de Catalán, sometieron al director y a los guardias y se llevaron a Samuel Ávila Marín, apodado El Vago.

La noche del domingo pasado, un día después de la masacre de El Durazno, el cadáver de El Vago fue encontrado en un tramo de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, a un lado de San José Poliutla. La Familia Michoacana se atribuyó su asesinato: El Vago era originario, por cierto, de San Miguel Totolapan, en donde el 5 de octubre la propia Familia Michoacana asesinó a 23 personas, entre ellas al alcalde de la localidad.

En septiembre de 2019, pobladores de Coyuca de Catalán denunciaron el secuestro de unas 50 personas. 20 de ellas fueron asesinadas; a otras las enterraron en fosas clandestinas, de acuerdo con los videos que los criminales enviaron a los familiares, para amedrentarlos. Algunas de las víctimas fueron golpeadas con palos, hasta que dejaron de moverse.

Habitantes del municipio pidieron ayuda al presidente López Obrador: le informaron que había pueblos vacíos, y que más de 50 vecinos habían desaparecido. Le dijeron que los municipales estaban comprados por los criminales. Acusaron:

“Cuando la gente va y hace las denuncias correspondientes, los entregan a estos delincuentes para desaparecerlos”.

Le entregaron los nombres de los líderes del crimen organizado: Johnny Hurtado Olascoaga, El Pescado; Salvador Navarro Peñaloza, El Zarco, y Rodolfo Maldonado Bustos, Don José.

Tres años más tarde vino la masacre de El Durazno. Quienes la sobrevivieron han decidido no denunciar ¿Para qué?, si “todo queda en los documentos”.



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