La noche del 31 de diciembre, en el mirador de la carretera Chote-Coyutla, a unos 50 kilómetros de Poza Rica, Veracruz, fueron halladas unas bolsas negras y una hielera con una cabeza humana.
Los restos embolsados pertenecían al comandante municipal de Espinal, José Luis Quinto. Un comando lo había secuestrado el 23 de diciembre a las puertas de un centro comercial, mientras acomodaban en su camioneta las compras para la cena navideña.
A la mujer que lo acompañaba la dejaron irse. El paradero del comandante se ignoró a lo largo de ocho días. Su cuerpo despedazado apareció al fin —se dice que congelado—; no tardó en circular un video en el que él aparecía hincado y con las manos atadas detrás de la espalda, confesando diversos delitos y hablando del contubernio de políticos locales, entre ellos un alcalde, con el crimen organizado.
A la noche siguiente sobrevino la masacre de Poza Rica.
En acciones simultáneas grupos de sicarios irrumpieron en bares de la ciudad –El Molino Rojo, El Manguito y El Cafre, ubicados en colonias distintas– y ejecutaron a ocho personas.
Fuerzas federales y de la fiscalía general del estado iniciaron una serie de masiva de cateos en hoteles y bares de la periferia de Poza Rica, en busca de los responsables. Horas tarde comenzó a circular un nuevo video, en el que un autodenominado Grupo Escorpión –seis hombres encapuchados, con cascos y uniformes tácticos– le anunció al pueblo de Poza Rica que “lo sucedido anoche fue nuestro ingreso a la ciudad”.
El mismo día en que ocho personas fueron masacradas en los bares de esa ciudad, un brazo armado del Cártel de Sinaloa asesinó con saña extrema a diez custodios del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua.
2023 arrancaba con un saldo negro: un total 87 homicidios el 1º de enero. Y con un saldo de 93 asesinatos más el lunes 2, para sumar 180 asesinatos en las primeras, trágicas, 48 horas del año.
En esos dos primeros días la muerte se paseó por Chihuahua (34 homicidios), Michoacán (19), Estado de México (17), Guanajuato (17), Veracruz (15), Jalisco (10) y Nuevo León (8).
El asesinato del comandante de Espinal, José Luis Quinto, había cerrado un mes, el de diciembre, en el que en México se cometieron 2,359 homicidios. Solo en una semana de ese mes, la que corrió del 16 al 24 de diciembre, 681 personas perdieron la vida de manera violenta.
Ese mismo asesinato, el último de 2022, cerraba un año en el que se registraron en el país 34, 351 homicidios: una cifra con la que el número de muertes violentas en México, desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, asciende a 140 mil 128.
El número ha rebasado ya a los 130, 463 homicidios que ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón.
Y está por rebasar los 156, 437 registrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, durante la conferencia mañanera de ayer se aseguró que la estrategia de seguridad llevada a cabo por el gobierno federal “ha dado resultados”:
“Quiero expresar mi satisfacción porque se va avanzando en este asunto tan delicado y al mismo tiempo tan importante”, declaró el presidente López Obrador, quien señaló que el gabinete de seguridad es “el que más se reúne de todo el gobierno”.
Ese mismo día se admitía un alza creciente de homicidios en Sonora, estado en el que los asesinatos crecieron 52% en Guaymas, 41% en San Luis Río Colorado, y 25% en Caborca, y se contabilizaban las primeras siete ejecuciones ocurridas en Tijuana, Baja California.
El último muerto de 2022 resume la imagen de violencia desbordada con que México se precipita al penúltimo año del sexenio.
