Jorge Alberto Rivera Cardoza, un tramitador aduanal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue acribillado por elementos de la Guardia Nacional el pasado mes de abril. Le habían ordenado que se detuviera. No obedeció. Esa tarde murió de un impacto en la cabeza.

Testigos de los hechos observaron cómo los agentes de la Guardia sembraban en su camioneta droga y equipos de radiodifusión.

Una vendedora de elotes que se hallaba cerca, también fue alcanzada por las balas. Alrededor de los agentes se desató la indignación. “¡Asesinos, asesinos!”, les gritaron.

El caso era muy parecido al del agricultor Jaime Torres y esposa, Jessica Silva, a quienes meses atrás la Guardia Nacional acribilló en un camino de Delicias, Chihuahua. Los esposos habían participado en una violenta protesta, en defensa de su derecho al agua, en la presa La Boquilla.

Los guardias nacionales alegaron que solo “habían repelido” una agresión efectuada por civiles armados. En las fotografías del suceso, sin embargo, no aparecían armas. Solo los cuerpos de los esposos con las ropas teñidas de sangre (él resultó gravemente herido, ella murió).

Días más tarde, los altos mandos de la Guardia admitieron que había elementos “para suponer la culpabilidad de algunos agentes”. Seis de ellos fueron detenidos.

El 31 de octubre pasado, en Pijijiapan, Chiapas, agentes de la Guardia Nacional abrieron fuego en contra de una camioneta en la que viajaban 13 personas procedentes de Cuba, Ghana y Brasil. Los elementos federales alegaron más tarde que la camioneta había tratado de arrollarlos. Cuatro migrantes fueron heridos por los tiros y uno más, de origen cubano, quedó muerto sobre la batea.

Todas estas muertes se inscriben en un clima de recrudecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas, principalmente, por el organismo al que el presidente de México le encomendó la tarea de pacificar al país, y cuyos mecanismos de operación han propiciado, en cambio, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las detenciones arbitrarias, el empleo de la fuerza pública de manera desproporcionada, la intimidación, las apropiación de bienes inmuebles, la retención ilegal e incluso la privación de la vida.

Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos, elaborado por la CNDH, en 2021 la Guardia Nacional se ha convertido en el cuerpo de seguridad más denunciado por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Hasta septiembre de 2021 ha acumulado 388 quejas (contra 344 de la Sedena y 214 de la FGR).

En 2020 llegaron 350 denuncias contra la recién formada Guardia Nacional, lo que la incluyó “en el top ten de los abusos” (que encabeza, por cierto, el IMSS). La ONU-DH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional habían alertado, desde el instante en que el nuevo cuerpo fue creado, que la participación de fuerzas armadas en labores de seguridad solo iba a contribuir al deterioro de los derechos humanos. El presidente salió en defensa de su creación:

“Todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos, estoy pendiente… Si hay constancia de violación a derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, pues entonces rectificamos, pero si no es así, ¿por qué? ¿sólo por lo ideológico? No”.

Señaló en otra declaración: “A la Guardia Nacional se le está formando en el respeto a los derechos humanos, de modo que no va a haber ningún riesgo de excesos de autoritarismo”.

La militarización del combate a la inseguridad había dejado 200 mil muertos en los últimos dos sexenios, así como decenas de miles de desaparecidos. En este gobierno, la militarización fue presentada como un mal necesario. La promesa fue “serenar” al país, garantizando el respeto a los derechos humanos.

Pero las cosas no han sido así. Los datos de la CNDH indican que “el mal necesario” no mejoró la violación sistemática de los derechos humanos. Tampoco ha abatido la violencia: en 2020 y 2021 se alcanzaron cifras récord, que han sobrepasado ya los cien mil homicidios.

En esos mismos años la Guardia Nacional se ha colocado a la cabeza de los abusos.

Más muertos y deterioro de los derechos humanos, esto último reportado por una CNDH que le ha sido excesivamente dócil, deberían llamar al presidente de México a rectificar.
Aunque él se niega a oírlo, la militarización no ha mejorado, no va a mejorar las condiciones de seguridad y paz en México.
@hdemauleon
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