El informe sobre el caso Ayotzinapa presentado por el subsecretario Alejandro Encinas en agosto pasado nació muerto. Y ayer le tocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, hacerle la autopsia. 

Encinas presentó en agosto un informe cargado de “nuevas pruebas” sobre la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. 

Se trataba de un conjunto de 467 capturas de pantalla que supuestamente contenían conversaciones de WhatsApp sostenidas por presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. 

Involucraban a varios militares en los hechos. 

Señalaban, por ejemplo, que el entonces coronel del 27 Batallón José Rodríguez Pérez había dado la orden de eliminar a seis estudiantes que cuatro días después de los hechos seguían con vida en una cueva, que un subteniente de apellido Pirita “ya se había encargado de los paquetes” y que el capitán José Martínez Crespo se había llevado a algunos al campo militar, donde “nadie entra”, para ver, al rato, “dónde los echamos”. 

El informe sufrió el primer resquebrajamiento la semana pasada. La lluvia de fuego que le cayó encima no vino de la oposición, ni de los defensores de la llamada “verdad histórica”, sino el propio Alejandro Encinas, quien declaró a The New York Times que la fuente que le había proporcionado aquellas capturas de pantalla podría haberlas fabricado. 

En esa misma entrevista Encinas admitió que la investigación del caso se había realizado en forma exprés, para darle una salida política y satisfacer las presiones del presidente López Obrador.  

Quería decir que las capturas de pantalla no habían sido verificadas: que la comisión que él encabeza había dado por buenas pruebas sin sustento. 

Tras el escándalo que siguió, Encinas, cobijado por el presidente, adoptó la ruta de la victimización: acusó una campaña de descalificaciones “al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados”. 

La puntilla al informe, cuya parte medular eran las capturas “hechizas” de Alejandro Encinas, la propinó ayer el GIEI, cuyos expertos consideraron “una torpeza” haber presentado un reporte plagado de supuestas evidencias “que no son fiables y no son confiables”. 

Tras someter dichas pruebas a análisis pericial forense, el GIEI detectó que al menos 181 tienen discrepancias tecnológicas. Una de ellas es que la doble palomita azul que aparece en algunos de los pantallazos no había sido creada en los días en que, supuestamente, los mensajes fueron enviados. 

“No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron captados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de las fichas su autenticidad”, dictaminó el GIEI. 

Según los expertos, los resultados del peritaje informático forense “llevan a considerar esta evidencia como inconsistente”. Además de ello, “no puede ser considerada como tal en un proceso judicial”, aseguraron. 

El informe del GIEI termina de cavar la tumba de la comisión presidida por Encinas y coloca a este funcionario en un predicamento mayor. 

Porque de la presentación de esos pantallazos falsos y de su entrega oficial a la Fiscalía General de la República derivan delitos contra la administración de la justicia (entre otros, desvío de una indagatoria), y derivan también responsabilidades penales para quienes los fabricaron, para quienes se los entregaron al subsecretario, y también para Encinas mismo, quien los dio por válidos y fundó a partir de ellos acusaciones sin fundamento y sin pruebas. 

Tras el reporte del GIEI se le cierran a Encinas las salidas. Está obligado a aclarar cómo se obtuvieron los mensajes, quién los fabricó, quién los entregó y por qué se dieron por ciertos. 

El GIEI terminó de cavar la tumba de Encinas. Él podrá seguir en su puesto. Pero ya está enterrado. 

Alguien quiso empatar los pantallazos con las versiones que había dado a la fiscalía su testigo estrella: El Cabo Gil. 

Finalmente, el informe de Encinas fue una farsa. Hoy, su actuación está en duda y es seriamente cuestionada. Lo que sigue es la incertidumbre de los familiares de las víctimas, “el malestar y la pérdida de confianza”. 

Durante años todo lo dicho por el GIEI ha sido elevado al rango de palabra sagrada. Los mismos que le dieron ese rango hoy tendrán que hacerse cargo de lo dicho en la parte primordial de su nuevo informe: las pruebas de Encinas no son auténticas y el gobierno de López Obrador, a través del fiscal general Alejandro Gertz, ha decidido sacar al Ejército de las indagatorias. 

Qué vueltas da la vida. 


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