Hace unos días, el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, aceptó separarse del cargo en el que debía permanecer hasta 2024.

Según documentos dados a conocer por la revista Espejo, el fiscal señaló que su “proyecto de vida” consistía en terminar su periodo de siete años, por lo que solicitó que se le jubilara como si tal cosa hubiera ocurrido, y con sueldo de magistrado del Poder Judicial, luego de haber pasado 15 años y 3 meses en servicio: primero como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, y desde 2017 como fiscal general el estado.

Ríos Estavillo abandona el cargo “debido a las expresiones que se han efectuado por diversos actores públicos sobre la viabilidad o no de continuar”, y poco después de que el gobernador electo, el morenista Rubén Rocha Moya, exigiera la conclusión anticipada de su periodo al frente de una fiscalía general que se supone “autónoma”.

A fines de septiembre pasado, Rocha reveló que había trabajado un acuerdo con el gobernador saliente, el priista Quirino Ordaz, a través del cual se había pactado la salida del fiscal.

Poco antes, Rocha Moya había dado a conocer que su secretario general de Gobierno iba a ser el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Izunza Cázares, enemigo político del fiscal Ríos Estavillo desde hace al menos una década.

Ríos Estavillo fungía como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando Izunza Cázares comenzaba a dirigir el Tribunal. Desde la Comisión, el hoy fiscal se convirtió en un crítico severo de la administración de justicia en Sinaloa.

En 2011 había tela de dónde cortar: la guerra de Felipe Calderón se hallaba en su apogeo. Las denuncias por tortura eran cosa de todos los días, pero todo iba morir al tribunal debido a los altos niveles de corrupción.

Ríos Estavillo saltó de la Comisión de Derechos Humanos a la Fiscalía General del Estado en 2017. Desde ahí, la confrontación siguió.

A principios de 2018 el fiscal filtró una denuncia por acoso sexual que involucraba al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Izunza Cázares.

Este se defendió acusando presiones desde el gobierno de Quirino Ordaz, a fin de restar autonomía al poder judicial, aseguró que ni siquiera conocía a la funcionaria que había interpuesto la denuncia —una jueza de control de Mazatlán—, y acusó al fiscal de cometer un delito federal al hacer pública la denuncia y violar la reserva de las investigaciones.

El acusado anunció que renunciaría al fuero constitucional y se puso incluso a disposición de las autoridades, aunque el escándalo mediático no cesó a lo largo de tres meses y cimbró hasta sus cimientos la vida política del estado.

En julio de ese año, la funcionaria ofendida le otorgó el perdón al presidente magistrado. Poco después, en entrevista con el portal Línea Directa aclaró, sin embargo:

“La carpeta se cerró pues porque a mí no me dieron más opción, este señor pues sí se estuvo moviendo por cielo, mar y tierra. Vino a Mazatlán, fue a mi domicilio, a casa de mis padres, se introdujo a casa de mi abuela, fue y buscó al hermano de mi papá… Yo fui a otorgarle el perdón: no cerró (la carpeta) por carecer de elementos”.

Agregó: “A estas alturas sí tengo miedo, porque realmente estoy ante personas sumamente poderosas”.

Durante el proceso electoral pasado se documentó plenamente la manera en que el Cártel de Sinaloa intervino para favorecer en el estado el triunfo de Morena y de su candidato: Rubén Rocha Moya.

En los días anteriores al 6 de junio el crimen organizado autorizó y descartó candidatos en prácticamente todos los municipios del estado. Durante la jornada electoral los miembros del cártel se adueñaron de las casillas e incluso secuestraron a los operadores de otros partidos.

Rocha Moya admitió en una entrevista con Carlos Loret que era imposible gobernar Sinaloa sin tratar “con los señores”.

Cualquiera que haya sido el trato, el Cártel de Sinaloa se robó aquel día la elección y Morena y la mayor parte de sus candidatos obtuvieron el triunfo con facilidad.

En ese contexto se da la salida de Ríos Estavillo, que al gobierno de Rocha le resultaba incómodo. Una salida acordada entre los gobernadores entrante y saliente, que no hace otra cosa que probar la “autonomía” en que se encuentra la fiscalía general del estado.

Para cerrar el ciclo de las venganzas con broche de oro, se filtra además el documento en el que el fiscal pide que lo jubilen como si hubiera cubierto el término constitucional de su cargo.

Pobre Sinaloa.