La disyuntiva 2024 es clara: Morena autoritario o democracia plural. Pero ¿cómo? La polarización inducida por el obradorismo ha resucitado una reforma indebidamente pendiente desde hace años: el gobierno de coalición, figura que fue añadida a la Constitución en 2014 como facultad opcional del Poder Ejecutivo. Si la oposición quiere ir unida a las elecciones de 2024 para reorientar el rumbo del país, tendrá que hacerlo con un programa común de campaña electoral que sea, a la vez el resultado de un amplio consenso social para una candidatura común y un gobierno de coalición formado por integrantes de los tres partidos de Va por México a la que debería sumarse MC.

De recurrir a esta figura, la coalición se obliga a un convenio con programa de gobierno que tiene que aprobar el Senado, de modo que se corresponsabiliza con el Ejecutivo. Esta norma fue una respuesta tardía (17 años) a la necesidad de gobernar en coalición cuando no hay mayorías en las cámaras. Todo ese tiempo tardó la clase política en reconocer esta necesidad del país y ponerla —solo en la letra— por encima de los intereses de partido. La falta de este mecanismo para inducir acuerdos sobre las políticas más importantes para el país ha representado un costo enorme. Si en las ocho legislaturas sin mayoría absoluta —1997 a 2018— hubiéramos tenido gobiernos de coalición, muchos problemas que son motivo de fuerte polarización podrían haber sido atendidos por compromisos entre los partes. La tibieza de la política contra la pobreza, para fortalecer el sistema de salud, para ofrecer educación pública de calidad, para combatir la impunidad, para afrontar la globalización, entre otras, han sido ocasión de pleitos irremediables en lugar de soluciones compartidas. Esos pleitos de arrabal convirtieron a la ciudadanía en audiencia del espectáculo de degradación de la política que llevó a su conclusión natural: el cesarismo populista larvado en la inconformidad con los partidos.

El gobierno de coalición debe ser obligatorio —no solo facultativo como está en la Constitución—, cuando no haya mayoría en las cámaras. Es de elemental responsabilidad dar al país un gobierno capaz de unificarse en torno a las prioridades fundamentales que exige el interés público por encima de los intereses partidarios. Si antes de 2018 el electorado no quiso dar mayoría a un solo partido, era obvio que había un clamor por soluciones compartidas (como lo fue el Pacto por México, aunque le pese a los maniqueos). El obradorismo no llegó al poder por bonito, sino porque para un amplio sector del electorado ya no hubo de otra. Esa “otra” opción podría haber surgido de la obligación de gobernar en coalición desde 2000 hasta 2018. Otro gallo hubiera cantado si la insensatez y la codicia no se hubieran apoderado de los partidos, incluido el que gobierna.

Lo de hoy es pasar de la letra a los hechos: decidir y formular el proyecto de coalición y presentarlo a la ciudadanía a lo largo y ancho del país en un diálogo muy amplio para ganar las elecciones de 2024. Perderlas puede consolidar la restauración del autoritarismo ya iniciada por Morena. El centro de gravedad del programa de la coalición es no solamente preservar la democracia, sino profundizarla y evitar hegemonías. El proyecto de coalición debe ofrecer un programa de emergencia para afrontar con estrategias y compromisos claros los problemas fundamentales: crecimiento económico, abatimiento de la pobreza, erradicar corrupción e impunidad, seguridad mediante la inteligencia y el estado de derecho (con la fuerza a su servicio y no al revés), salud y educación con calidad y cobertura. Esto y más se requiere con urgencia para sacar al país de la devastación obradorista. ¿O acaso ya se evaporó la imaginación política de los mexicanos?

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