Las posibilidades de una agenda progresista para México están siendo canceladas por un gobierno reaccionario que se disfraza de “izquierda” y tiene un proyecto a todas luces autoritario. En cada renglón vital para el avance de México se ha dado un retroceso. Ha aumentado el número de personas en situación de pobreza. Las ayudas sociales tienen un efecto redistributivo inverso al pretendido y son utilizadas abiertamente para capturar clientela electoral. La economía registra crecimiento negativo durante tres años consecutivos.

La pandemia no fue encarada por el gobierno con políticas de protección de la gente, la planta productiva ni el empleo. La población laboral crece por encima de la tasa de creación de empleos y la inversión disminuye. La inseguridad ha aumentado y el crimen organizado se ha apoderado de más regiones enteras con el consentimiento del gobierno. La política energética se ha revertido hacia el uso de combustibles fósiles, caros y sucios en vez de fomentar energías limpias y más baratas. Los recursos del gobierno se usan cada vez más para favorecer el avance electoral de su partido. Cada día hay menos transparencia y la corrupción chorrea a lo largo y ancho de la obra y los servicios públicos.

La militarización en general y de los bienes públicos en particular, crece al por mayor y se entrega a las fuerzas armadas lo que debería ser administrado por civiles. Nuestras relaciones internacionales empeoran a paso acelerado con nuestros socios comerciales. La soberanía nacional está hoy más desprotegida que nunca porque no hay disposición para plantar los pies en el mundo del siglo XXI, sino el deseo de vivir en un pasado nacionalista que ya desapareció —una distopía autárquica, irrealizable e indeseable—.

La actividad científica y educativa —ya de por sí precaria— ha decaído en cantidad y en calidad, asegurando un futuro en el que la simplificación ideológica será la adormidera de la ignorancia, la sustitución del pensar. Las instituciones de control del poder absoluto están bajo asedio y, en algunos casos, como la Suprema Corte, ese asedio cuenta con la complicidad de algunas de sus más altas autoridades. El secretario de gobernación asegura que el INE “dejará de existir” gracias a que “los diputados lo desaparecerán”.

La impunidad de la transgresión a la ley y el desacato de las autoridades jurisdiccionales (tramo 5 del tren maya es solo la más reciente), se ha convertido en una patente de corso para delinquir desde el gobierno; el presidente ha extendido esa franquicia al justificar, solapar o efectuar él mismo los atropellos. La joya de la corona es el contubernio de los poderes económico y político, que sella el pacto de consagración del autoritarismo. Los más prominentes miembros del club del capitalismo de cuates, principalmente los que hicieron sus fortunas a base de favores presidenciales, ayudan a mantener y justificar el “proyecto” obradorista.

Todo lo anterior se realiza bajo premisas implícitas o explícitas falsas, insostenibles y fijadas como dogmas indiscutibles. Aquí van algunas: 1. La soberanía nacional solo es posible bajo un modelo estatista. 2. La única garantía de la “voluntad del pueblo” es un Estado gobernado por un solo individuo-partido. 3. Toda opinión diferente es ilegítima —los que opinen diferente deben ser expulsados de la esfera pública—. 4. La democracia es “burguesa” y no sirve al pueblo, hay que derogarla. 5. El capitalismo puede ser abolido y superado por “algo” mejor —que nadie sabe ni dice qué es ni por qué sería “mejor”—.

La constante intelectual del grupo obradorista es la negación, la culpa la tienen “otros”, sólo profieren argumentos ad hominem, no pueden refutar la crítica, ni se atreven a mirar la falsedad en que se fundamenta su acción. Lo suyo es la ceguera acorazada de dogmas que han sido refutados por los hechos históricos. Estas son las realidades que la defensa del pluralismo y de la sociedad civil debe tomar en cuenta a la hora de proponer alternativas, en vez de dar palos de ciego contra el oráculo presidencial.

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