El fin de semana hubo una reunión de alto nivel entre los representantes de las cúpulas empresariales del país. La convocó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, quien les pidió unidad para enfrentar los retos que se avecinan de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.
La reunión fue en Puerto Vallarta el viernes y sábado. La cena del primer día estuvo acompañada de uno de los encuestadores más relevantes del país, quien les presentó un escenario que a muchos les desdibujó la sonrisa con la que llegaron a la costa jalisciense: Morena y sus partidos aliados tiene amplias posibilidades de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar por lo menos 10 de las 15 gubernaturas que se votarán.
Una de las tendencias presentadas apunta a que si bien los ciudadanos comienzan a tener mayor conocimiento sobre las próximas elecciones —las más grandes de la historia del país—, casi 40% de los entrevistados por la encuestadora entre febrero y marzo desconocía la fecha de los comicios.
No obstante, la intención del voto se mantiene muy similar a la de meses previos: Morena encabeza las encuestas con una preferencia neta de 37.5 a 44.5%, seguido por el PRI y el PAN, con un rango de 14.4 a 20.5%.
La conclusión de los empresarios es que se debe promover el voto de los ciudadanos y combatir el abstencionismo. Además de los tiempos oficiales que tienen el INE y los partidos para impulsar el ejercicio de este derecho, se planteó hacerlo dentro de las empresas, sin caer en el error de 2018, cuando se exhortó a no votar por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
En la reunión estuvieron, además de Carlos Salazar, los presidentes del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle; de Concamin, Francisco Cervantes; de Coparmex, José Medina Mora; de Canacintra, Enoch Castellanos; Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos; de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker; del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina; de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Sofía Belmar; de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Álvaro García Pimentel; de la ANTAD, Vicente Yáñez; y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez Morodo.
Los doce representantes cerraron filas con Carlos Salazar, quien supuestamente no tenía intenciones de reelegirse un año más como presidente del CCE —luego de varias críticas a su gestión, las cuales generaron divisiones dentro del organismo—, pero debido al poco tiempo que falta para las elecciones pidió su voto de confianza para encabezar la estrategia pre y poselectoral.
La “planeación estratégica” contempla mantener una postura firme frente a las iniciativas y decisiones radicales del gobierno que atentan contra la confianza empresarial y la inversión privada. Asimismo, se seguirán combatiendo reformas legales, como la del sector eléctrico y de hidrocarburos, en los tribunales de justicia del país. El acuerdo fue mantener, como primera opción, el diálogo y no ‘pelearse’ con el gobierno.
En cuanto los tres temas de mayor preocupación nacional: salud, inseguridad y la reactivación económica, acordaron tener reuniones quincenales o mensuales entre ellos para delinear objetivos y reunirse con los funcionarios clave del gabinete que no son considerados del ala radical, como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el consejero Jurídico, Julio Scherer, y otros cercanos a Palacio Nacional para impulsar sus propuestas.
En orden de importancia, la prioridades preelectorales son promover el voto entre la población, apoyar la campaña de vacunación a nivel nacional, sacar el tercer paquete de inversión en infraestructura y frenar la contrarreforma energética como se planteó. En el escenario poselectoral lo que más preocupa es la reforma fiscal que comenzará a discutirse en la segunda mitad del año. Para ello los empresarios decidieron acercarse y trabajar con el secretario Herrera y no tanto con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que opera como ‘supersecretaria’.
Constructores a la deriva
Se vislumbran más días difíciles para los hermanos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio, dueños de la constructora Caabsa y accionistas de la polémica empresa OHL, de la que poseen 16% de sus acciones.
Esta empresa de capital español que cambió de nombre en México al de Aleática, luego de haber sido relacionada a escándalos de corrupción, ha sido señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de saquear al país; sumado a que mediante Caabsa aún tienen pendiente concluir las obras del Tren México-Toluca que corresponden a la CDMX. En las licitaciones del Tren Maya los dejaron fuera, pese a que intentaron quedarse con algunos contratos.
Tampoco tienen de su lado a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, debido a la estrecha relación que tejieron con su predecesor, el actual senador Miguel Ángel Mancera.
@MarioMal
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