El presidente anda bravo. Está enojado. Le ‘calienta’ –como él mismo dice– que las elecciones del próximo 6 de junio no vayan a resultar como esperaba. Sobre todo, le preocupa que Morena y sus partidos aliados no mantengan la mayoría en la Cámara de Diputados, porque si eso sucede ya no podrá cambiar leyes y pasar iniciativas a su antojo, sin negociar ni cabildear con la oposición ni con nadie.
Por eso trae pleito con los jueces que pusieron freno a su contrarreforma energética; con los magistrados que consideran inconstitucional su reforma judicial con dedicatoria al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; con el INE y el Tribunal Electoral por bajar a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón de las candidaturas y por ponerle candados a la sobrerrepresentación legislativa; con el INAI por impugnar el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, y con las telefónicas, a quienes acusa de operar una campaña contra dicha iniciativa; y también con los medios de comunicación, porque cree que deberían ‘apoyar’ su gobierno en lugar de hacer su trabajo: investigar y reportar los hechos.
Sobre el padrón celular, el cual ha defendido en muchas de sus conferencias mañaneras, Andrés Manuel López Obrador tiene un interés especial: los datos biométricos de la mayoría de los ciudadanos, los cuales servirían como base de la cédula nacional de identidad que impulsó la Secretaría de Gobernación al inicio del sexenio, pero que, como sucedió en la administración de Felipe Calderón, fracasó.
Ayer el presidente criticó al INAI, al IFT y a la Cofece, pues considera que estos organismos autónomos fueron creados para “defender intereses de las grandes empresas”. Sin embargo, fue el partido que lo llevó a la Presidencia, a través de su entonces coordinador en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien propuso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se haga cargo de la megabase de datos que se crearía con el padrón de usuarios de telefonía móvil.
Cuatro comisionados del IFT, encabezados por Sóstenes Díaz, mordieron el anzuelo y le dieron entrada al padrón y a los datos biométricos que los usuarios deben proveer al momento de comprar una SIM, renovar o cambiar de línea telefónica. Hablamos, por lo menos, de la huella digital de los ciudadanos, así como de todos sus datos personales.
La intención de que el IFT, el regulador del sector de telecomunicaciones en el país, entrara al tema, fue para darle una supuesta visión técnica al padrón, pero detrás de ello, más que combatir las extorsiones y fraudes telefónicos –los cuales se hacen, en su mayoría, desde la prisiones del país– está el interés de contar con una base para la llamada cédula de identidad nacional, sobre todo por la reforma al INE que pretenden hacer AMLO y su partido después de las elecciones.
Cuando Mario Delgado propuso la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a mediados del año pasado, la discutió con diputados del PAN, quienes tuvieron interés de impulsarla, no porque la veían como una forma eficiente de combatir las extorsiones, sino porque empresas que participaron en la fallida operación de la cédula de identidad con los entonces secretarios de Gobernación, Francisco Gómez-Mont, y el fallecido Francisco Blake, podrían participar de nuevo y hacer negocio. Hablamos de Axtel, Unisys México, Crypto AG y la venezolana envuelta en caso de corrupción, Smartmatic International Holding.
Ayer el presidente culpó a América Móvil, del magnate Carlos Slim, de impulsar una campaña en contra del padrón celular. Dijo que actuaba con ‘hipocresía’ y como “tiene mucho dinero, puede alquilar medios de información”. AMLO se reunió con Slim en su rancho de Palenque hace dos semanas. Se llevan pesado.
El ISSSTE y su proveedor favorito
En el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez Pineda, hacen malabares para mantener como proveedora de sus Servicios Administrados de Cómputo a la firma de tecnología Theos, de Raúl Pinto, la cual ha tenido en sus manos este contrato desde los tiempos en que José Reyes Baeza dirigía la institución, y en los que gobernaba Enrique Peña Nieto.
La estrategia para asegurar una vez más la victoria del actual proveedor consiste en partir en dos el contrato, para licitar por un lado el arrendamiento de los equipos de cómputo, mediante el concurso IA-051GYN005-E45-2021, y por el otro los servicios de soporte técnico a esas mismas computadoras, bajo el proceso LA-051GYN005-E46-2021.
Para el primer contrato, con valor superior a 2 mil millones de pesos, Theos compite con firmas como Synnex, de Héctor Lara; Cepra, de Joel Sánchez; y Conecta Experta, de Eduardo Torres; no obstante, en el caso de los servicios de soporte las bases exigen requisitos que sólo el proveedor actual puede cumplir, como el haber ofrecido el año pasado ese mismo servicio a cuando menos 10 instalaciones hospitalarias en el país.
La seguridad que brinda a Theos ser el ganador del contrato de servicios de soporte, valuado en otros 200 millones de pesos, permite a esta compañía hacer una muy baja oferta económica para el contrato de arrendamiento de equipos, por lo que, aseguran los participantes del concurso, se estaría consumando una licitación dirigida, la cual debería estar bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública.
@MarioMal
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