En los últimos días hemos asistido a una fuerte tensión y disputa por los temas educativos, sobre todo por los relacionados con los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG). Una gran diversidad de voces ha comentado y dado su opinión sobre los contenidos y principios pedagógicos desde los cuales se han elaborado estos materiales, los cuales serán distribuidos a lo largo y ancho del país en los próximos días. Por lo menos así lo ha anunciado el ejecutivo y la propia Secretaría de Educación Pública.

Cabe recordar que no es la primera vez que los LTG se ven envueltos en polémica. Su nacimiento ha estado marcado por la constante disputa. Primero, por su existencia, finalidad y papel político- ideológico que podía representar. Segundo, por los alcances en materia de conocimiento y contenido que tensiona aquello que debe ser considerado asunto privado y lo que le concierne a lo público. En otras palabras, lo que le toca educar a las familias y lo que corresponde al Estado.

Es así como esta nueva polémica no es tan novedosa como puede parecer, significa ya parte de la historia y la lucha, no solo educativa, sino política por el proyecto del gobierno en turno. Sin embargo, el hecho que lo educativo sea un asunto también político, no refiere en sentido estricto que el conocimiento tenga que subsumirse a intereses de partidos y grupos en específico. Lo político está en poder reconocer las diferencias como algo que es parte de nuestra humanidad, pero también la capacidad de llegar a acuerdos que permitan seguir construyendo un mejor mundo para todos, basado en una perspectiva de derecho y bajo una visión democrática.

En este marco, el debate por los LTG ha pasado ya el margen de lo político que permita llegar al acuerdo. Polarizado como está, las diferencias en perspectivas parecen irreconciliables. El problema no es que tengamos diferencias de opinión sobre los materiales ya que, dicho sea de paso, cualquier persona tiene derecho a estar al tanto y emitir su punto de vista, siempre informado y con fundamento. Esto, al fin y al cabo, es parte de un sistema que se pueda llamar democrático. La cuestión está en cómo construir una crítica que permita el avance en el conocimiento y el cambio educativo que es esperado.

Por un lado, hay un sector de la población que señala su total desacuerdo con todos los materiales que han circulado, llegando a decir que no tienen utilidad alguna y deberían ser desaparecidos por completo. Por otro lado, algunos que defienden el proyecto sin que sea visible una crítica mínima sobre los aspectos mejorables e, incluso, los errores que los LTG presentan. Esta polarización que hoy se observa alrededor de dichos materiales no es gratuita, ya es visible en otros espacios que son asunto público, es decir, político. Sin embargo, dicha relación parece haberse volcado con fuerza en un tema tan delicado como lo es el educativo. Cuestión que puede traer consecuencias importantes, sobre todo, en la niñez y juventud mexicana.

Es claro que, en este escenario dividido, incluso antagónico entre ambos sectores, los acuerdos para la mejora son muy difíciles en la medida que no somos capaces de aplicar la crítica para intentar objetividad en las posturas. Esta polarización y la politización de los LTG a los que más daña es al público al que va dirigido, pues imposibilita que quienes podemos construir una educación mejor, lo hagamos a partir de un razonamiento que facilite visibilizar los puntos de encuentro y construir sinergias.

En otras palabras, la discusión no puede realizarse bajo la lógica de todo o nada, no solo por lo antidemocrático que puede ser, sino por las posibilidades de acuerdo que permitan la participación de todos y los mecanismos para que sea garantizado el propio ejercicio, donde todos tengamos las mismas oportunidades de ser escuchados y tomados en cuenta. Ser reconocidos como ciudadanos con derechos y obligaciones.

Lo anterior solo va a ser posible en la medida que, por un lado, abordemos el tema con seriedad, tomando distancia de pasiones, emociones y partidismos. Por otro, mediante la existencia de mecanismos democráticos que posibiliten la discusión y los acuerdos de todos los interesados en el tópico.