El Índice Global de Impunidad que realizamos investigadores y estudiantes de la UDLAP desde 2015, tiene como objeto medir cuantitativamente el alcance de este fenómeno comparando países y entre entidades de la República Mexicana, con énfasis en la estructura y funcionamiento de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. ¿Por qué importa medir el alcance de la impunidad? Porque altos niveles de impunidad multiplican el daño que producen otros problemas como la violencia, la inseguridad o la corrupción, profundizan el sufrimiento de sus víctimas y erosionan la credibilidad en las instituciones públicas.
Este mes presentamos la cuarta edición del Índice Global de Impunidad, el IGI 2024, que permite acercarse a los niveles de impunidad de 94 países a través de 22 indicadores específicos, incluyendo 25 países del continente americano. En una escala donde cero significa la ausencia de impunidad y el cien el nivel más alto posible, Alemania obtiene el mejor resultado con una calificación de 14.93 y Birmania ocupa la peor posición con 69.61. El promedio del índice es de 31.6 y nos permite entender las variaciones en el desempeño de los diferentes países.
Los 10 países con menores niveles de impunidad en el IGI 2024 son: Alemania (14.93), Luxemburgo (16.63), República Checa (17.20), Estonia (17.36), Dinamarca (17.40), Eslovenia (17.69), Islandia (17.81), España (18.27), Suecia (18.36) y Bélgica (18.60). Los 10 países con peores niveles de impunidad en el IGI 2024 son: Azerbaiyán (48.15), Filipinas (49.15), Bielorrusia (49.90), Guatemala (51.08), Nigeria (51.81), El Salvador (52.45), Camerún (52.85), Nicaragua (60.93), Haití (60.97) y Birmania (69.61).
México se ubica en la posición 81, con un resultado de 46.19, entre los 15 países con los peores resultados, y destaca al igual que ediciones anteriores por niveles muy altos de impunidad. ¿Por qué obtiene nuestro país un tan malo? Porque su desempeño en cada dimensión analizada se ubica en forma negativa por encima de los promedios generales e incluso sus resultados son negativos también en cada dimensión en comparación a los promedios del continente americano.
En otras palabras, lo que reflejan los datos es que el problema de la impunidad en México no es un problema aislado, sino un fenómeno sistemático y estructural que, si bien está relacionado con factores políticos, institucionales y sociales, tienen una fuerte relación con la existencia de muy reducidas capacidades institucionales para garantizar un desempeño efectivo en los sistemas de seguridad, justicia y los derechos humanos.
La insuficiencia de capacidades institucionales como recursos presupuestales, operadores capacitados e instrumentos efectivos de política pública, no permite garantizar condiciones de seguridad, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos. Pero esto es un problema que no se limita al ámbito federal, esta realidad se replica en prácticamente todos los estados de la República. Si no entendemos que requerimos construir más y mejores capacidades institucionales y hacerlo en forma multinivel entre los distintos órdenes de gobierno como una responsabilidad compartida, no será posible desarrollar mejores políticas públicas y estaremos condenados a reproducir indefinidamente la impunidad con todas las formas de injusticia que esto implica.
El IGI 2024 se puede consultar con acceso abierto a través de la página del Instituto de Investigación de Administración Pública e Innovación Institucional de la UDLAP: https://www.udlap.mx/APII/
