El Premio Nobel de Economía, concedido anualmente por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, reconoce las contribuciones más destacadas de la diciplina. En su más reciente edición, el Premio Nobel de Economía ha puesto de manifiesto la relevancia de las instituciones en el desarrollo económico. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, galardonados con este prestigioso reconocimiento, han demostrado cómo las normas y leyes que rigen a una sociedad, reflejadas en sus instituciones, son determinantes para promover el desarrollo económico y social.

Basados en sus investigaciones, los laureados distinguen entre dos tipos de instituciones: las inclusivas y las extractivas. Las instituciones inclusivas se caracterizan por fomentar la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana. Las instituciones extractivas, por el contrario, se distinguen por concentrar el poder y la riqueza en grupos reducidos a costa del bienestar social.

Desafortunadamente, en México las instituciones extractivas han sido históricamente predominantes. Lo anterior ha generado un sistema institucional débil y con escaza credibilidad, ya que este opera fundamentalmente bajo principios de corrupción, impunidad y desigualdad.

La debilidad institucional del Estado Mexicano ha permitido, entre otras consecuencias, el florecimiento de grupos criminales organizados. La violencia que dichos grupos dejan a su paso se ha incrementado significativamente en las últimas décadas. De acuerdo con cifras del INEGI, el número de homicidios se incrementó de alrededor de 10 mil en el año 2006, a más de 35 mil en el año 2020 y, aunque la cifra de homicidios muestra una tendencia a la baja en los últimos tres años, en el año 2023 todavía se presentaron más de 30 mil casos. Cifras verdaderamente alarmantes que colocan a México como una de las naciones más peligrosas en el mundo.

En las regiones más marcadas por dicha problemática, como en los últimos años han sido los Estados de Guanajuato y Guerrero, la inseguridad resultante ha ahuyentado la inversión. Lo cual acentúa las condiciones de desigualdad y limita las oportunidades para las futuras generaciones. La violencia no solo es un grave problema social, sino también constituye un obstáculo para el desarrollo económico. La incertidumbre y el clima de inseguridad generan un entorno adverso para los negocios. Lo cual dificulta la creación de empresas y la generación de empleo. Además, fragmenta el tejido social y dificulta la construcción de consensos necesarios para abordar los desafíos colectivos. En otras palabras, la debilidad institucional del Estado soslaya la capacidad de sociedad para romper el círculo vicioso de violencia, impunidad y falta de desarrollo.

Los hallazgos de los laureados, por lo tanto, subrayan la necesidad urgente de fortalecer las instituciones para revertir la situación actual. La transición hacia un modelo institucional más inclusivo requiere de acciones concretas y coordinadas a diversos niveles. En primer lugar, es fundamental fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción en todos sus niveles y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. De manera adicional, es necesario promover un desarrollo económico inclusivo que beneficie a la sociedad en su conjunto. Esto implica priorizar la inversión en educación, ciencia y tecnología, a la par de implementar políticas adecuadas de redistribución de la riqueza.

Es importante reconocer que la transición hacia instituciones más inclusivas es un proceso complejo y gradual. Sin embargo, experiencias recientes, como lo son los casos de Singapur y Corea del Sur, en donde un fortalecimiento institucional fungió como palanca de su desarrollo acelerado, demuestran que es posible superar estos desafíos y construir sociedades más prósperas y equitativas. La experiencia de estos países asiáticos nos muestra que la transformación institucional es un paso indispensable para garantizar un futuro sostenible e inclusivo para nuestro país.

En conclusión, los hallazgos de los ganadores del Premio Nobel de Economía ofrecen una lente poderosa para analizar los desafíos estructurales que enfrenta la sociedad mexicana. Al comprender el papel crucial de las instituciones en el desarrollo económico y social, es posible diseñar políticas públicas más efectivas para fomentar el crecimiento inclusivo, reducir la desigualdad y construir un país más seguro y pacífico.

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