Se sabe que la información es poder. Lo que no se ha difundido suficientemente es que el acceso a la información pública es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna cuyo ejercicio puede traernos enormes beneficios personales, profesionales y sociales. Quienes estudiamos comunicación debemos no solo conocer este derecho, sino ejercerlo en nuestra profesión.

Mis estudiantes de la materia de Periodismo de investigación aprenden a realizar solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/) y aunque muchas veces las respuestas que reciben son decepcionantes y hasta absurdas, conocen el potencial de estas herramientas.

Este año se cumplirán 20 años de que en Puebla se aprobó la primera Ley de Transparencia del Estado, pero en estas dos décadas hemos visto cómo su avance ha sido muy irregular en todo el país. En algunos momentos con pasos importantes hacia adelante -mencionaría las reformas constitucionales de 2007 y de 2014, así como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción-, y en otros con francos retrocesos; pero desde mi perspectiva, nunca se ha visto tan amenazada como en este momento.

La transparencia, desde su origen, ha sido un instrumento para controlar la corrupción, ayudar a la buena gobernanza y fomentar la honestidad, por ello, es necesario consolidarla y no permitir retrocesos. Nuestro país necesita una nueva visión de la transparencia y una defensa a ultranza del marco jurídico y de las instituciones que la garantizan.

Durante los últimos 19 años he trabajado en funciones relacionadas con el derecho a la información en los ámbitos más diversos: como académica, como comisionada fundadora de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, como activista, diputada local, servidora pública y otra vez como académica. Y en todo este tiempo he entendido que no es suficiente con conquistar derechos y lograr que se reconozcan, es necesario defenderlos constantemente.

Después de la reforma constitucional de 2007, había una gran expectativa por la creación de un piso parejo que entre otras cosas obligaba a homologar las leyes estatales en un año. Un grupo de integrantes de órganos garantes de diferentes estados consideramos que ante esa obligatoriedad, los congresos estatales iban a tener la tentación de reformarlas con retrocesos y lamentablemente así fue.

En 2008, con ese grupo de comisionados, promovimos la primera solicitud de acción de inconstitucionalidad en materia de acceso a la información en el país. Fue por la reforma a la Constitución de Querétaro, que eliminaba la Comisión de Transparencia y trasladaba sus funciones a la Comisión de Derechos Humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en septiembre, que la reforma era inconstitucional.

Al entrar en funciones como diputada me dediqué durante todo un año a redactar, cabildear y presentar la nueva Ley de Transparencia del Estado, que fue aprobada por unanimidad. Y que hizo que pasáramos del lugar 27 al cuarto, en el Índice de Acceso a la Información. También como Congreso obtuvimos, el 2º lugar en el 3er Premio a la Innovación en Transparencia (promovido por el entonces IFAI) por un micrositio en el que comenzamos a publicar la información administrativa de la LVIII Legislatura. La siguiente se tardó más en entrar en funciones que en desaparecerlo.

He constatado que el acceso a la información pública y la transparencia, como el buen periodismo, nunca han sido cómodos. A la mayoría de los gobiernos les molesta, porque en muchos casos proporcionar información pública implicaría exhibir irregularidades, conflicto de intereses y en algunos casos corrupción.

Recientemente se ha reservado información pública aduciendo “seguridad nacional” sin serlo. Como en el caso de obra pública y notoriamente con las vacunas durante la pandemia. De igual manera, de acuerdo con datos de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, a nivel federal el 80% de los contratos se han entregado por adjudicación directa. Hay muchas irregularidades. Y violaciones a leyes. Cabe mencionar aquí la filtración de datos personales de 263 periodistas, que no fue producto de un hackeo, como se dijo al principio, sino supuestamente desde la cuenta, y con la contraseña de un exempleado de Oficina de la Presidencia.

En este sentido, se debe valorar el papel que ha jugado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para hacer cumplir las leyes en estas materias. Definitivamente el INAI es una institución perfectible y se han cometido errores graves que han hecho mucho ruido; pero desde luego es una de las instituciones que debemos defender. Igual que el INE, igual que la Corte.

Estoy convencida de que hoy es muy importante defender nuestros derechos, y dar a conocer el riesgo que corren.