En México existe un marcado sesgo laboral como consecuencia de una serie de problemas de carácter socio-económico y cultural que limitan la participación y oportunidades económicas para la mujer, de esta manera de acuerdo con datos del INEGI, apenas 4 de cada 10 mujeres en edad laboral pueden acceder al mercado de trabajo. Si bien esta realidad es un problema que afecta a la gran mayoría de los países, México se ubica entre los peores resultados, de acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género (2023) publicado por el Foro Económico Mundial. Nuestro país se posiciona en los últimos lugares de Latinoamérica y el mundo al ocupar el lugar 125 de un total de 146 países que incluye el estudio, de seguir con la tendencia se prevé que en el mundo se pueda alcanzar la equidad en participación económica hasta dentro de 169 años es decir en el año 2192.
Factores como el rol del cuidado familiar y la realización de los trabajos domésticos, que son delegados primordialmente en la mujer, son señalados como los principales obstáculos para la inserción laboral en condiciones igualitarias. En este contexto ocurre una concentración femenina en actividades que pueden ofrecer flexibilidad para cumplir con la responsabilidad familiar y al mismo tiempo desempeñar una actividad remunerada. Este tipo de trabajos suelen caracterizarse por condiciones laborales que no ofrecen prestaciones sociales y que generalmente caen en la informalidad.
Entre las consecuencias directamente observables podemos señalar los resultados publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que al cierre del 2023 apunta, que cerca del 39% de las mujeres se encontraban en pobreza laboral, resultado 4.4 puntos porcentuales arriba con relación a los hombres. Este concepto se refiere a la insuficiencia de las remuneraciones recibidas en el mercado de trabajo para alimentar a todos los miembros de un hogar.
La respuesta de la mujer para buscar una participación más competitiva se ha volcado en alcanzar mayores niveles de estudios, por lo que hoy en día es un logro destacable que, según datos del Índice Global de Brecha de Género (2023), se tiene paridad en materia educativa, desde el nivel básico hasta el medio-superior y superior. Sin embargo, esta evolución no ha sido suficiente para alcanzar mayor equidad salarial pues las brechas se mantienen por arriba del 20% para todos los niveles de estudio de acuerdo con datos publicados por el INEGI en 2023.
Desafortunadamente ante esta dinámica de la participación laboral femenina, se pone en duda la viabilidad para alcanzar condiciones de vida digna en el futuro. De acuerdo con datos presentados por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, únicamente el 30.6% de las mujeres contaban con una cuenta de ahorro para el retiro, cifra 18 puntos porcentuales menor que la correspondiente a la población masculina. De igual forma el acceso a seguros de vida, de gastos médicos, planes privados de retiro entre otros, también es una posibilidad lejana ya que la participación de la mujer es de apenas 16.4% contra el 26% de los hombres.
Como podemos observar la inequidad en la participación económica de la mujer se traduce en afectaciones de la calidad de vida presente y futura, para las trabajadoras y sus familias. Por ello es prioridad que gobierno y sociedad actúen en consecuencia y se emprendan acciones que permitan a la mujer una inclusión económica equitativa, de lo contrario estaremos poniendo en riesgo la viabilidad para alcanzar un desarrollo sostenible en el largo plazo.
