Para la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el tema ambiental no es ajeno en virtud de su especialización profesional en ingeniería de la energía, su participación en el Grupo de Trabajo III del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC), así como por su experiencia como jefa de gobierno de la Ciudad de México, espacio desde el que promovió acciones para la gestión sostenible de las aguas, reducción de desechos municipales, ciudad más verde, movilidad sostenible y energía solar, en un contexto de grave crisis hídrica y de la tensa relación con defensores ambientales.
En su proyecto de Nación recuperó como puntos relevantes a atender durante gestión: elaboración de un Plan Nacional Hídrico y cambios a la Ley de Aguas; la tecnificación del riego agrícola; la protección de cuerpos de agua y reforestación de bosques; no otorgar más concesiones de minería a cielo abierto; atender la contaminación atmosférica; la construcción de plantas de reciclaje de basura; la electromovilidad y la transición energética mediante el uso de tecnologías renovables.
Por su parte, en los 100 puntos para la Transformación, se reconoce en primera instancia que la dimensión ambiental se observa en una posición principal, junto con los temas de la paz, seguridad, democracia y justicia, acotando que las actividades económicas en el país contemplarán la protección al ambiente. El detalle se encuentra organizado en aristas en torno a Bosques y Selvas (reforestar, rescatar),; Agua (garantizar su acceso; ordenar las concesiones y la transmisión de derecho de agua; la tecnificación de riego; el reciclamiento y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país: Lerma Santiago, Tula y Atoyac); Energía en el rubro de la producción (robustecimiento de la CFE, normas para vehículos de bajo consumo de gasolina y promoción de electromovilidad; retricción de producción de petróleo bajo la rectoría de PEMEX ) y transición energética (iImpulsar las energías renovables y aumentar su participación hasta un nivel del 45% para 2030; acceso a paneles fotovoltaicos en el norte del país y la electromovilidad); Contaminación atmosférica (Monterrey, Guadalajara y de la Ciudad de México) y finalmente, la gestión de residuos(economía circular para articular plantas de tratamiento de agua, de reciclamiento de basura y de generación eléctrica con fuentes renovables). Los anteriores puntos por sí solos son importantes, pero sobretodo cuando se observan en una visión sistémica y no aislada.
Llama la atención en los 100 puntos que guiarán las acciones de gobierno, la omisión de importantes temas: no otorgar más concesiones mineras a cielo abierto; la prohibición de la explotación de hidrocarburos a partir del fracking; la elaboración de una Ley General de Aguas y la necesidad de garantizar el acceso a información y a un entorno seguro a personas y colectivos que defienden el teritorio y medio ambiente en el país.
Se observa con cautela el mantenimiento de categorías como recursos naturales, y el énfasis en medio ambiente, es decir, de la invisibilización de la dimensión socioambiental de los procesos. Esto es prioritario si se considera que el mantenimiento de los territorios en los que se encuentran los ecosistemas, biodiversidad y procesos donde ocurren los servicios ambientales de los que todos nos beneficiamos, se presentan en espacios vividos, conservados y defendidos por poblaciones campesinas e indígenas que ante el crecimiento de las urbes, la industria o el impulso de actividades en las que se privilegia la dimensión económica, son amenazados, criminalizados, desaparecidos y en ocasiones asesinados.
Bajo estas consideraciones y en un escenario de intensa conflictividad socioambiental en el país, registrado en la cuarta posición mundial en el informe de Global Witness (2024) sobre la violencia contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, es ineludible mantenerse atento sobre las oposiciones y procesos de defensa del territorio, así como a la acción de las instituciones para la protección ambiental, fundamentalmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que indudablemente deberán fortalecerse con recursos humanos y económicos para cumplir con sus funciones.
Finalmente pero no menos importante, dados los antecedentes de la relación de la autoridad con las organizaciones y movimientos sociales por la defensa del territorio, se debe estar atento a la búsqueda de una nueva relación basada en la confianza y la cooperación con la sociedad civil, en rechazo de lo que Amnistía Internacional ha reconocido como el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir a las personas defensoras el ejercicio de sus derechos.
