En un contexto de omisión por parte del Congreso federal, en su obligación de emitir una Ley General de Aguas (LGA), al reformar el artículo 4º Constitucional, para reconocer el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (2012), diversas perspectivas sobre el líquido vital se manifestaron. En un extremo se ubicaron aquellas que la visualizan como un recurso, regulable eficientemente por la Iniciativa Privada (IP) desde criterios económicos y no por ser un derecho humano, o las que surgieron del dialogo de múltiples actores y territorios, que la reconocen como un bien común de la Nación, de necesario acceso equitativo y sustentable, desde modelos de gestión que reconozcan los sistemas comunitarios, e incorporen el funcionamiento de Contralorías sociales (Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, 2021).
A punto de cumplirse 13 años del atraso legislativo, en enero del 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) invitó a la ciudadanía a formar parte del proceso para crear una Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, a través de la participación en 13 foros de discusión: “Transformando el Régimen del Agua en México”, con el propósito de integrar propuestas para la consolidación del derecho humano al agua y el enriquecimiento del ambos esquemas.
Este tres de abril, en la IBERO Puebla, se llevó a cabo el conversatorio “Nueva Ley General de Aguas. Garantía para la gestión democrática de los bienes híricos con enfoque de derechos”, en el que la Dra. Gabriela Pérez Castresana (IIMA-IBERO Puebla) cuestionó estos 13 Foros de discusión porque no facilitaron una participación informada, efectiva, de calidad e inclusiva, al no garantizar principios fundamentales de participación ciudadana, como: acceso a la información y la transparencia, la no exclusión e igualdad de oportunidades; sin explicación metodológica; mediante la elaboración de un ensayo; la selección de participantes sin criterios clarosy sin tiempo de convocatoria suficiente.
Por su parte el Dr. Rodrigo Rivas de la UNAM, compartió su reflexión sobre la enorme oportunidad que representó la posibilidad de cambio normativo en el 2012, de una Ley que garantizó el megaconcesionamiento masivo de a favor de la IP. Así mismo, reafirmó que ante la redacción del artículo 4 º, no hay necesidad de intepretación, de manera que lo que debe emitirse es una LGA para todos los recursos hídricos y no una ley sobre el derecho humano al agua. En este sentido, desde un criterio analítico de razonabilidad y unidad-congruencia pugnó superar el planteamiento de tener dos leyes que coexistan, una para el artículo 27 (LAN) y otra para el artículo 4º (LGA).
La Dra. Yacotzin Bravo de IBERO Cdmx, identificó las limitantes de la Ley General de Aguas en torno a la gestión comunitaria, la cual si es enunciada. Llama la atención a que no basta en ser reconocidos como parte de una estructura de gobierno del agua, sino en ser incorporados como autoridades con competencias, atribuciones, presupuesto y facultades, como defensores de sus bienes comunes y territorio, incluyendo si a las indígenas, pero también a las campesinas, originarias y equiparables.
Finalmente, la Mtra. Maria Eugenia Ochoa de la BUAP, de la Asamblea Social del Agua e impulsora-organizadora de las Contralorías autónomas del agua, se posicionó crítica de los Foros y a la coexistencia de la LAN y la LGA porque puede generarse competencia, conflictos y redundancias en cuanto a objetivos, alcances, participación, coordinación y planificación, de forma tal que planteó la abrogación de la LAN y la creación de una LGA que bien pudiera recuperar la Iniciativa Ciudadana, en principios tales como el buen gobierno del agua y la justicia hídrica.
Con los ponentes de este conversatorio, se profundiza en la perspectiva y argumentos críticos desde lo legal y lo social, a la coexistencia de las dos leyes porque podría generarse un conflicto entre normas generales (LAN) y el Derecho humano al agua (LGA), que tendría que resolverse en la SCJN, solución posible solo a largo plazo, en tanto las diferentes problemáticas por el agua están ya presentes, mientras en la dimensión social, la agudización de conflictos socioambientales cuya resolución usualmente no ocurre y es costosa en tiempo, recursos y seguridad para los actores locales. Sin duda, estamos en un momento en donde como ciudadanos debemos estar pendientes de la dirección que tenga la reformas a la LAN, así como a las características y alcance la la LGA.
