En la Cuenca del Alto Atoyac, donde se localizan las capitales de Puebla y Tlaxcala y otros municipios, se están creando condiciones altamente perjudiciales para la salud humana vinculadas con la contaminación industrial.

En esta región han aumentado las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas y las poblaciones de adolescentes y jóvenes se están viendo más afectadas por infartos, tumores, insuficiencia renal y enfermedades del sistema nervioso, que hace 20 años, lo cual indica que en este territorio se están creando condiciones que promueven el desarrollo de estas afecciones y que además no se están atendiendo de manera eficaz.

Aunque los factores que predisponen la aparición de estas enfermedades son diversos, existe cada vez más evidencia del riesgo de desarrollarlas por la exposición a contaminantes. Estudios realizados en los PRONAII-CONAHCYT, revelan la presencia de metales pesados y otros químicos altamente peligrosos para la salud, en muestras de sangre y orina de adolescentes, detectándose concentraciones para algunos de estos químicos superiores al valor de referencia en muestras humanas en más del 50% de la población observada.

La contaminación causa millones de muertes en el mundo. Se estima que la carga de morbilidad atribuible a la contaminación del aire está a la par de otros importantes riesgos para la salud, como la dieta y el tabaquismo (WHO, 2021). La contaminación del aire se asocia a un alto riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal (Bourdrel, at al. 2017; Xu et al. 2022).

Es muy peligroso vivir en un ambiente contaminado; 1 de cada 6 muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación, cifra 3 veces mayor que la muerte por sida, malaria, tuberculosis, y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y otros modos de violencia (ONU, 2022).

Así, una forma importante de controlar estas enfermedades es regulando la exposición a contaminantes. Sin embargo, este factor no está bajo el control de las personas, sino de las autoridades, lo cual es un desafío en virtud del número creciente de industrias en la región. Solo considerando a la industria de gran tamaño, el aumento fue del 73% en la última década.

La situación es crítica. La contaminación sigue aumentando y los habitantes están desprotegidos y en riesgo de enfermarse. En la Cuenca se requieren con urgencia acciones correctivas y un plan de acción a corto plazo para controlar la contaminación y mejorar la calidad ambiental a favor de la salud humana y la sustentabilidad ambiental. Un entorno libre de contaminantes es tan importante para la salud como lo son los buenos hábitos de vida; sin embargo, en la región no existe ningún programa orientado a proteger la salud pública frente a la contaminación y las acciones de los gobiernos siguen apuntando al crecimiento industrial como una vía para aumentar el bienestar social. Y aunque es necesario el equipamiento de hospitales, esto no resuelve el problema; son acciones centradas en el tratamiento de la enfermedad y no en el control de los factores de riesgo.

Dada la devastación ambiental y la vulnerabilidad institucional y política en materia de regulación de contaminantes, es difícil proyectar un escenario favorable derivado de la expansión industrial bajo la promesa de más empleo y un seguro de salud. Más industrias implica más químicos para la manufactura y más sustancias liberadas al entorno, muchas de las cuales ni siquiera están reguladas en la legislación mexicana y están prohibidas en otros países por su alta peligrosidad.

El empleo y la riqueza por si solas no garantizan la calidad de vida de la población. El progreso social no se puede explicar solamente por variables económicas. Los gobiernos estatales no están considerando el peligro de la contaminación y la urgencia de la atención de la problemática de salud pública ambiental. No se están adoptando políticas, estrategias, ni prácticas orientadas a reducir y a evitar los daños a la salud y al medioambiente debido a la contaminación; no se cuenta con un plan de gestión correctiva ni prospectiva de los riesgos derivados de las actividades industriales y el problema del Alto Atoyac sigue sin atenderse. Y aunque todos los que viven en el territorio están en riesgo de enfermarse, los impactos sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad social son desproporcionados pues los gastos para tratar la enfermedad traen más pobreza y desigualdad.