En diciembre de 2018, los presidentes de México, El Salvador, Honduras y Guatemala solicitaron a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la elaboración de un plan para atender el fenómeno migratorio en la región. En mayo del siguiente año, la CEPAL presentó al Gobierno de México el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Éste se sostiene en cuatro pilares: (1) promover el desarrollo económico, (2) la sostenibilidad ambiental, (3) el bienestar social y (4) la gestión integral del ciclo migratorio. Para el cumplimiento del plan se dispuso de una inversión de aproximadamente 45 mil millones de dólares en un lapso de cinco años a través de 15 programas y 114 proyectos.
Más allá del halago internacional que recibió la propuesta, registrado por Rolando Castillo en un documento de trabajo de la Fundación Carolina, el Gobierno de México dio un inesperado giro a la política humanitaria que establecía el plan de la CEPAL: en junio del 2019, apenas un mes después, anunció el despliegue de 6,000 elementos de la recién creada Guardia Nacional (GN) según lo reportó el periodista Alberto Pradilla. Esto ocurrió después de presiones efectuadas por el presidente Donald Trump, quien amenazó al Gobierno de México con imponer aranceles del 5% a productos mexicanos. En cuestión de meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fortaleció la militarización de la frontera sur mexicana, de las rutas y el territorio de tránsito migratorio irregular y, con ello, de la política migratoria.
Aunque resulta difícil tener un registro certero y preciso de cuántas personas transitan irregularmente por nuestro país (o de cuántos intentos hace una persona en un año), el número de detenciones de migrantes realizadas y registradas por el Instituto Nacional de Migración (INM) suele darnos un aproximado. Por ejemplo, en 2021 se llevaron a cabo 24,886 revisiones migratorias y hubo 309,692 eventos de detención de personas extranjeras (se habla de “eventos” porque una persona puede ser detenida en más de una ocasión). Más allá de que estos números representan cifras récord en 2021 –al parecer el registro de detenciones más alto en los últimos 20 años–, lo que resulta muy preocupante es la creciente participación de fuerzas militares y policiales en la detención de migrantes. Recordemos: no tener documentos migratorios válidos en México no es un delito ni un crimen, sino una falta administrativa.
En México, solamente el INM y la GN tienen facultades para realizar acciones de control migratorio. No obstante, el INM tiene la posibilidad de solicitar auxilio a otras autoridades o instituciones –como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, servicios médicos, entre otras que considere pertinentes (como el Ejército, la Marina, y policías o guardias del Servicio de Protección Federal)– previo a la realización de revisiones migratorias (según lo establece su “Protocolo de Operación de Revisiones Migratorias publicado en 2021).
A través de solicitudes de información y un posterior recurso de revisión fue posible conocer que, durante 2021, el INM solo requirió el apoyo de corporaciones policíacas y militares tales como policías estatales, policías municipales, Fiscalía General de la República, GN y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). De estas corporaciones, la más recurrida fue la GN, que participó en 6,822 revisiones migratorias. Le siguen las policías estatales, “auxiliando” en 809 revisiones migratorias y las policías estatales, que operaron en 544 revisiones migratorias. El INM informó que “no realiza operativos” sino “revisiones migratorias”, y que en 2021 sus Oficinas de Representación “reportaron que se pusieron a disposición a 189,893 personas extranjeras”. A este contexto se suma el dato del periodista Manu Ureste, quien afirma que la SEDENA participó en la detención de 256,325 personas migrantes de septiembre 2021 a junio 2022.
A través de la información del INM es posible observar que la política migratoria del gobierno de López Obrador se ha transformado de una agenda humanitaria que ponía los derechos humanos de las personas migrantes en el centro (discursivamente), a una política militarizada y estrategia de contención que implica el uso de la fuerza por parte de las autoridades mejor entrenadas para ello: militares y policías. Aunque desde el Palacio Nacional y los medios oficiales se pregone el discurso de “rescate” a las personas migrantes en tránsito, estos datos y la realidad documentada en “estaciones” o centros de detención de migrantes nos indican que el Gobierno de México ha decidido privilegiar sus relaciones comerciales con Estados Unidos y, con ello, sacrificar los derechos humanos de miles de personas de Centroamérica y otras regiones del mundo que transitan por nuestro país.
