En su conferencia mañanera del 25 de enero, AMLO anunció que había decidido incorporar una nueva sección en el informe de seguridad. “Una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas, y en este caso nos vamos a ir a fondo.” No queda claro si la propuesta es pasear a detenidos en la mañanera o presentar sus fotografías a la opinión pública, como se ha hecho tantas veces antes.  
 
Los linchamientos públicos no son una idea nueva y suelen llevar a la fabricación de culpables, una tradición robusta entre nuestras autoridades. Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública de Calderón y hoy procesado en estados unidos por diversos delitos) fue promotor de estos actos, exhibiendo detenidos como si fuesen culpables.  
 
La presentación de “presuntos culpables” para provocar el escarnio público no contribuye a la justicia ni a disminuir delitos, solo se trata de una herramienta del poder para enseñar que se hace algo, aunque la seguridad de los ciudadanos no mejore. Por los riesgos implícitos y la facilidad con que las autoridades abusan del poder para fabricar culpables, nuestra Constitución consagra la presunción de inocencia, el derecho a recibir un juicio imparcial por tribunales que evalúen evidencia aportada por ambas partes y el derecho a la privacidad. Se trata entonces de una estrategia inútil e ilegal. Además, contradice abiertamente la postura que el propio presidente ha tomado sobre la presunción de inocencia de sus amigos. Un día después de proponer la nueva sección de detenido, hizo referencia a Pedro Salmerón, propuesto como embajador de México en Panamá. Dicha propuesta generó críticas por las acusaciones de acoso sexual que se hicieron en contra de Salmerón tanto en redes sociales como en la institución educativa en la que trabajaba. Incluso, la cancillería de panamá hizo un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, López Obrador sostuvo su postura: “No estoy dispuesto a ceder en esas cosas, ahora, si hay un juicio, si hay pruebas y está en el ministerio público, está en el juez, está acusado, pues ¿cómo lo vamos a defender?” 
 
Pero, así como para las autoridades es fácil fabricar culpables, para los ciudadanos es un calvario presentar denuncias. Muchas víctimas de delitos acuden diariamente a las fiscalías a hacerlo, solo para ser rechazadas por un sistema que intenta minimizar el número de investigaciones iniciadas. Esto es especialmente cierto para casos de violencia sexual. En 2020, menos de 2% de estos delitos se denunciaron. Exigir la presentación de una denuncia ministerial para reconsiderar un nombramiento o nominación no toma en cuenta la realidad de nuestro sistema. Pero la existencia de denuncias tampoco fue suficiente en el caso de Félix Salgado Macedonio, en contra de quién sí se han presentado denuncias de violación, aunque el presidente las desestimó por tener intereses electorales.  
 
La diferencia en como el presidente trata los casos de sus amigos y los de los ciudadanos de a pie, depende de la cercanía y utilidad que las personas acusadas tienen para él. En unos casos, varias denuncias penales son insuficientes. En otros, el mero señalamiento es prueba de culpabilidad y merece el patíbulo. Los miles de personas que han ingresado a los reclusorios de nuestro país preventivamente a raíz de las reformas -impulsada por su gobierno- para ampliar de 9 a 20 los delitos que conllevan prisión sin sentencia, no gozan de la justicia que el presidente defiende para los suyos.  
 
La legitimidad, como varios estudios han mostrado, no solo se construye con votos sino con formas -equitativas y justas- de ejercer el poder y la autoridad. El presidente presume los votos, pero su forma de ejercer la autoridad no es equitativa ni justa, es más de la misma incongruencia e injusticia que llevan años recetándonos desde el poder.