“Si siguen manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen”. Esa fue la advertencia que soltó el secretario de la Defensa Nacional en una reunión del gabinete de seguridad del presidente López Obrador, en Palacio Nacional, hace aproximadamente dos semanas. Los asistentes se quedaron congelados.
Las palabras del general secretario tuvieron como destinatario inicial a Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación encargado del caso Ayotzinapa, y al fiscal Alejandro Gertz Manero, encargado de procesar las órdenes de aprehensión contra militares por la desaparición de los 43 normalistas. Pero principalmente, el destinatario fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no estaba presente en la reunión, pero que recibió el mensaje a través de quien encabezó el encuentro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El fuerte reclamo del secretario de la Defensa sucedió hace un par de semanas después de la divulgación del informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, en el que se enfatizó la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los normalistas, al grado que se solicitó a la Fiscalía General de la República procesar órdenes de aprehensión contra más de veinte militares de distintos rangos, incluido un general.
Al recibir noticia de la advertencia de su más importante y estratégico secretario (el de Sedena), el presidente López Obrador giró la instrucción de que Gobernación y FGR se coordinaran para matizar el golpe contra los militares. Así lo hicieron: fueron al Poder Judicial a pedir que el juez se retractara de otorgar las órdenes de aprehensión, pero ya las había otorgado; pidieron que las retirara, les dijeron que no se podía; se les ocurrió si se era posible borrarlas del sistema, les contestaron que no; sugirieron otorgarles amparos, pero demoraría meses.
En pocas palabras, en el Poder Judicial no quisieron pagar el costo político de dar impunidad al Ejército, en un caso que será revisado por la historia, y por el que están metiendo a funcionarios a la cárcel justo por no hacer correctamente su trabajo. Le devolvieron la papa caliente al Poder Ejecutivo.
La primera decisión fue “bajarle” al discurso contra los militares. El propio Encinas dio pasos para atrás en las entrevistas subsecuentes a la presentación del informe en la conferencia mañanera. Tras un par de semanas de deliberaciones, la Fiscalía de Gertz Manero absorbió el costo político: se desistió de las órdenes de aprehensión contra 21 militares.
Todo esto, según fuentes con acceso a información de primera mano.
En las élites políticas y militares de la 4T ya habían llegado a un arreglo inicial. Era a todas luces un arreglo inestable: la filtración del Informe sin tachones puso todo de cabeza. Hoy queda claro que AMLO trató de manipular el reporte de su propia administración: endulzó la responsabilidad de los militares en la tragedia y trató de esconder la culpabilidad de José Luis Abarca, a quien el propio López Obrador hizo candidato a la alcaldía de Iguala, a pesar de las advertencias de que estaba coludido con el narco. Y queda exhibido que el gobierno federal está fracturado por dentro a consecuencia de este caso.
historiasreportero@gmail.com
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