Las amenazas abiertas a la autoridad electoral por parte del presidente López Obrador y su coro de dirigentes y candidatos de Morena, son inaceptables y condenables. Pero cuidado: podrían ser una cortina de humo para tapar la verdadera embestida del gobierno de López Obrador contra el régimen democrático aún vigente en México, el que llevó a AMLO al poder.

Los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, acaparan los reflectores en estos días. Incumplieron la ley y les quitaron sus candidaturas. Morena montó todo un espectáculo con carpas afuera del Instituto Nacional Electoral (INE): Delgado y Salgado lanzaron una ofensiva de descrédito contra los consejeros electorales para presentarlos como malvados enemigos del pueblo... sólo por aplicar la ley.

Mientras esa discusión se desarrollaba frente a cámaras y micrófonos, se operaba otra maniobra que busca asegurar fuera de las urnas, que el partido del presidente no pierda la mayoría en el Congreso.

En la elección de 2018, López Obrador arrasó. Su partido, Morena, obtuvo 37% de la votación para el Congreso, pero a la hora de asignar diputados, llegó al 52% del que goza hoy. La maniobra legal que le permitió ese brinco quedó como una anécdota entre la euforia del triunfo lopezobradorista y la marea de “cambio”. Fue, sencillamente, una violación constitucional que se consumó de manera impune.

Para la elección intermedia de junio próximo, el INE se propuso evitar que ocurriera lo mismo y estableció un nuevo reglamento que asegura que la sobrerrepresentación de un partido no sea mayor a 8%. Hoy, Morena tiene casi 15% más de lo que realmente ganó en votos.

Morena impugnó ante el tribunal electoral la decisión del INE. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes para resolver esa queja del partido iba en el sentido de ratificar la decisión de no permitir más del 8%. Y la mayoría de los magistrados se aprestaba a votar a favor.

Pero las presiones desde Palacio Nacional se intensificaron y el Tribunal aplazó la decisión.

En juego está la independencia del Tribunal y del INE, y la viabilidad del sistema que permite que el voto ciudadano decida quién obtiene mayoría en el Congreso.

Es un asunto de alta gravedad. El gobierno de López Obrador usa todo su peso para cargar los dados en la próxima elección federal.

En 2018, el presidente ganó una elección. Nada más. Pero quiere gobernar como si hubiese ganado una revolución. Tiene que respetar las reglas democráticas o terminará haciendo la mayor traición: llegar al poder por la vía democrática sólo para cancelarla y restaurar el viejo sistema autoritario priista.

El presidente que presume ser el padre de la democracia es en realidad la mayor amenaza contra ella.

SACIAMORBOS

Si está tan arriba en las encuestas, si va a ganar la elección, ¿para qué tanta maniobra sucia? Salvo que no estén seguros de conservar la mayoría en el Congreso en las urnas, y se la quieran apropiar en la mesa.