La Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó de hacer la estimación del costo de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y confirmó lo que Andrés Manuel López Obrador y el secretario Arturo Herrera anticiparon: que los pupilos de David Colmenares cometieron errores de contabilidad financiera básica y echaron a perder, mediáticamente, toda la auditoría de la Cuenta Pública 2019 que reveló irregularidades por 44 mil millones de pesos en el primer año del sexenio actual.
El informe de la ASF ya está finalizado y se dará a conocer públicamente en los próximos días, lo que podría venir acompañado de la renuncia de más directivos y del propio Colmenares, además del uso político-electoral que le dará el Presidente y sus seguidores para justificar una supuesta campaña en su contra desde los organismos autónomos.
Con los reportes que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México hizo llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 16 de marzo de 2021 y los cálculos de la Secretaría de Hacienda, se concluyó que los costos reales de cancelación del aeropuerto de Texcoco ascendieron a 113 mil 327 millones de pesos.
El monto calculado en este análisis final del grupo auditor independiente es 66% por ciento más bajo que los 332 mil millones de pesos que había reportado la ASF en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019, y que defendió en su comparecencia ante la Cámara de Diputados el auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, bajo el argumento de que en el análisis se emplearon criterios de economía, no de contabilidad.
Por casi única vez, los “otros datos” de López Obrador fueron más cercanos a lo correcto, debido a que en este caso la información con la que defendía su postura de que la cancelación del NAIM rondaba los 100 mil millones de pesos, surgió de las fuentes correctas, de la Secretaría de Hacienda y no del equipo de Comunicación Social a cargo del vocero Jesús Ramírez.
Previo a la conferencia matutina del 22 de febrero, cuando corría la noticia de una decisión política 230% más costosa de lo que se calculaba, el presidente se comunicó con el secretario Arturo Herrera, quien rechazó de inmediato la cifra que había reportado la ASF y, sin argumentos técnicos complicados, convenció a su jefe de que podía calificarla como equivocada.
El tiempo le dio la razón al encargado de las finanzas nacionales. En el análisis que el grupo auditor independiente entregó al GACM se concluye que, entre otras inconsistencias, el economista Agustín Caso incluyó en su onerosa cifra una gran cantidad de costos duplicados, pues se consideró como costo el retorno del capital propiedad de los bonistas —calculado en 60 mil millones de pesos— y la deuda que ya había dado origen a inversiones, es decir otros 80 mil millones.
De igual forma, el auditor Especial de Desempeño incluyó en su estimación de costos el valor de los intereses a 30 años —80 mil millones de pesos—, el cual puede convertirse en cero toda vez que es una variable que fluctúa de acuerdo con los esquemas de renegociación o pago de los pasivos con los acreedores.
Para llegar a los 113 mil millones de pesos, el grupo auditor independiente desmenuzó la contabilidad del NAICM durante la última semana de febrero y la primera quincena de marzo. Participaron en esta revisión el auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, la directora General de Auditoría Financiera, Claudia María Bazua Witte, y la directora General de Auditoría Forense, Ivone Henestrosa Matus. Por parte del GACM se involucraron el director Corporativo de Finanzas, Carlos Javier Villazón Salem, y el director Corporativo Jurídico, Antonio Canchola Castro.
La cifra está lista para soltarse en cualquier momento de la siguiente semana, siempre y cuando el auditor David Colmenares esté dispuesto a aceptar una vez más su colosal error.
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