Durante la mañanera del viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algo inusitado: presentó en pantalla los (supuestos) ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. 

No citó fuentes y solo dijo que alguien le había entregado un informe. Cabe por supuesto la posibilidad de que los números presentados no sean más que un invento (y el propio Loret ya afirmó que son cifras infladas). Pero no es descabellado suponer que la información pudo haber provenido, total o parcialmente, de fuentes oficiales. Del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para ser preciso. 

De ser el caso, estaríamos ante serias violaciones al marco legal, desde la Constitución misma hasta el Código Fiscal, pasando por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pero no solo del presidente, sino también de los funcionarios que le facilitaron la información. 

Me quiero concentrar en estos últimos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué decidieron ponerse en riesgo al quebrantar el marco legal? ¿Por qué no se atrevieron a decirle no al presidente cuando recibieron una petición notoriamente ilícita? 

Puede ser por simpatía ideológica o lealtad al proyecto del actual gobierno, pero me parece que hay una razón más simple: en el servicio público, no hay seguridad en el empleo. 

En México hemos fracasado rotundamente en la construcción de un servicio civil de carrera. Hay algunas excepciones —el Servicio Exterior Mexicano o el Banco de México, por ejemplo— pero los nombramientos políticos y la rotación sexenal son la regla. 

En el sexenio de Vicente Fox, se estableció un servicio profesional de carrera en el sector público, pero nunca pasó de la epidermis de la burocracia. A 2021, contaba con apenas 21,254 integrantes, apenas 1.3% del personal de la Administración Pública Federal y 7.6% de los trabajadores de confianza. 

Eso significa que el grueso de los funcionarios públicos, particularmente en los niveles medios de las dependencias federales, enfrentan un elevadísimo nivel de vulnerabilidad. Su empleo depende literalmente de la confianza de sus superiores jerárquicos. Si a esto se añaden las restricciones para buscar empleo en el sector privado durante un largo periodo de tiempo después de dejar el servicio público (10 años, como resultado de una reforma reciente), decir no a los jefes políticos se vuelve un acto temerario para los servidores públicos. 

Este es un problema particularmente serio en dependencias que manejan grandes cantidades de información reservada (como el SAT) o que operan en el terreno de la inteligencia (como la UIF o el CNI). En esos casos, hay una enorme tentación de usar ese cúmulo de datos para fines políticos, aún por encima de la norma. Y la mayoría del personal de esas agencias no está en posición de negarse a acatar esas instrucciones sin correr el riesgo de perder su trabajo. En esas circunstancias, la burocracia se vuelve una facilitadora del abuso de poder y no un freno. 

Por esa razón, es indispensable para la salud democrática del país reiniciar el proceso de construcción de un servicio civil de carrera. Necesitamos funcionarios públicos que sientan su posición laboral suficientemente segura para servir de dique a la ilegalidad y el abuso, que puedan decir no a sus jefes políticos cuando les pidan que se salten las trancas. 

Necesitamos una burocracia que vele por la salud del Estado y no por los intereses del gobierno en turno.