Todos los meses, alrededor del día 20, se presenta en la mañanera presidencial un reporte sobre el estado de la seguridad en el país. El enfoque de esos reportes cambia de mes a mes, pero hay dos constantes en el contenido: 1) el tamaño y recursos de la Guardia Nacional crecen incesantemente, y 2) el número de homicidios dolosos se mantiene básicamente sin cambios desde el inicio del sexenio.

¿Por qué esa aparente contradicción? ¿Por qué el incremento del despliegue de la Guardia Nacional no parece tener mayor efecto en la incidencia del delito más visible y grave?

La respuesta a esas preguntas se encuentra en el más reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, elaborado por el Inegi y dado a conocer esta semana.

El documento contiene datos muy interesantes (correspondientes a 2020) sobre la estructura, recursos y tareas de la Guardia Nacional. Entre otras cosas, detalla cuántos hechos presuntamente delictivos fueron registrados en las puestas a disposición de personas realizadas por la Guardia Nacional, desglosados por tipo de hecho.

Y resulta que, en todas las puestas a disposición realizadas por la Guardia Nacional, solo se registraron 16 homicidios dolosos a lo largo de 2020, un año en el que fueron asesinadas más de 36,000 personas, según datos del Inegi.

Si se considera el dato en términos de personas puestas a disposición, se obtiene que la Guardia Nacional presentó ante el Ministerio Público a seis personas por el delito de homicidio doloso en el transcurso de 2020. Repito: seis personas.

Se puede argumentar que el homicidio es un delito del fuero común y que, por tanto, su atención no corresponde a la Guardia Nacional. Esa es una objeción perfectamente razonable, pero la implicación del hecho no es menor: significa que, para todo fin práctico, el gobierno federal no tiene una política de reducción de homicidios. O si la tiene, no cuenta con un instrumento para ejecutarla de manera directa.

Esto no deja de ser paradójico. El gobierno federal ha hecho del homicidio doloso la métrica básica de su política de seguridad. Todos los días publican un informe detallando el número de homicidios registrados en las 24 horas previas. Ese mismo informe se le presenta todos los días a las seis de la mañana al presidente López Obrador. Y cada mes, con toda la difusión de la mañanera, se presenta las cifras del mes previo, agregadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Dicho de otro modo, enfatizan un indicador sobre el cual no tienen el menor control. La Guardia Nacional puede crecer todo lo que quieran en tamaño y capacidades, pero si no cambia de prioridades, el impacto sobre el homicidio doloso se va a ubicar entre cero y nada. A estas alturas, ya debería de quedar claro que la simple presencia de la Guardia Nacional no disuade a nadie ni pacifica ningún lugar.

Si realmente se quiere reducir la violencia letal, habría que partir de admitir ese hecho y trabajar con los actores que si tienen la capacidad y las facultades para atender los homicidios: los gobiernos estatales y municipales. Y eso requeriría un replanteamiento de las prioridades presupuestales y la lógica operativa de las fuerzas federales.

Dudo francamente que eso suceda.

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