27,639,203.
Según Inegi, ese es el número total de delitos cometidos en México durante 2020 (Nota: el número se refiere exclusivamente a delitos predatorios, es decir, donde hubo una víctima directa. No nos dice nada sobre delitos transaccionales, como comercio de drogas o piratería).
Algunos interpretan esa cifra como prueba incontrovertible de la existencia de una enorme industria del crimen. Si hay tanto delito, existe de seguro un ejército infinito de delincuentes, ¿no?
No necesariamente. Es muy probable que el grueso de la actividad criminal se concentre en un grupo muy pequeño de personas
Va un sencillo ejercicio mental. Supongamos que cada delincuente comete en promedio un delito por semana. Eso nos daría un total de 52 por año (algunas referencias internacionales ubican el promedio de delitos por delincuente en un rango de 60 a 190 por año, así que no parece descabellado el número). Eso significaría que, el año pasado, 531,523 personas cometieron al menos un delito en México (27,769,447 delitos dividido entre 52).
Ese número no es pequeño, pero resulta engañoso. Con alta probabilidad, la repartición de delitos por delincuente no es equitativa: muchos cometen pocos y unos cuantos son responsables de muchos. Un tipo que se sube a asaltar a un microbús en hora pico comete 20 o 30 delitos de un jalón (tal como los mide el Inegi, el cual le pregunta a individuos si fueron víctimas de un delito en un periodo específico). Si lo hace una vez cada 15 días, ya acumuló 40 a 60 en un mes, 480 a 720 en un año. Un extorsionador telefónico que realiza 10 llamadas intimidatorias al día, cinco días a la semana, alcanza la friolera de 2600 delitos por año. Al mismo tiempo, hay carteristas que se roban una bolsa por semana en el metro.
Asumamos una distribución de Pareto, en la que 80% de los delitos son cometidos por 20% de los delincuentes. Eso significaría que 106,304 delincuentes cometieron 22,111,362 delitos en 2020 (cuatro por semana en promedio).
Ahora supongamos que esos delincuentes recurrentes se distribuyen en el territorio en un patrón similar al de la victimización. En ese caso, el 80% de la actividad criminal en la Ciudad de México sería responsabilidad de 9,420 personas. En el Estado de México, el grupo correspondiente tendría 15,677 integrantes. En Zacatecas, serían 763 individuos.
Olvídense del número específico. El cálculo puede estar errado por un orden de magnitud, pero eso no cambia el punto central: en cualquier momento dado, no más de unas cuantas decenas de miles de personas son responsables de una inmensa proporción de la actividad delictiva en el país (Nota: no son exactamente los mismos todo el tiempo. Algunos pueden ir a la cárcel, tomarse un descanso, reformarse por la edad, etc.).
Los miembros de ese pequeño universo criminal, para utilizar una expresión acuñada por Bernardo León, entran en contacto continuo con el sistema de justicia penal, la policía y la justicia cívica. En principio, sería posible identificarlos y actuar antes de que su actividad delictiva escale. Es cosa de agregar información que está desperdigada en varias dependencias (muchas veces, en las policías locales).
El objetivo central de la política criminal debería de ser disuadir, detener y, si se puede, rehabilitar a esos individuos. No hay fórmula única para resolver ese problema. Pero, de arranque, debería de quedar claro que no estamos lidiando con un fenómeno masivo, con una multitud inabarcable. El asunto es de foco y se atiende con bisturí, no con machete.
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