Mucho se le puede criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no su capacidad para controlar y delimitar los términos de la discusión política nacional. 

En materia de seguridad ha logrado convencer a propios y extraños de que está aplicando una estrategia radicalmente distinta a la implementada en los dos sexenios anteriores, sintetizada en el eslogan “abrazos, no balazos”. 

En la narrativa presidencial, se estarían dirigiendo los esfuerzos del Estado a atender las causas del delito, más que sus consecuencias. Se habría moderado el uso de la fuerza contra el crimen organizado, abandonando las peores prácticas persecutorias del pasado. La lógica de la guerra se habría dejado atrás, a favor de una política de construcción de paz, la cual involucraría evitar en la medida de lo posible los enfrentamientos directos con los grupos criminales. 

Para los partidarios del presidente, esto es una muestra de profundo humanismo, conciencia social y respeto por la vida. Para los críticos, esto no es más que una cobarde rendición o hasta señal de una complicidad inconfesable con las bandas delictivas. 

Lo interesante es que nadie se cuestiona si lo de “abrazos, no balazos” es algo más que un eslogan. Si uno observa los datos objetivos, los balazos están muy presentes y los abrazos no tanto. 

Consideren, por ejemplo, lo que ha pasado en materia penitenciaria. Desde el inicio de la actual administración, se ha triplicado el número de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Eso ha conducido a un incremento notable del tamaño de la población penitenciaria: entre diciembre de 2018 y marzo de 2022, el número de personas privadas de la libertad aumentó 14%. Eso implica 27,000 internos más. 

Otra métrica: el despliegue de personal militar en tareas de seguridad pública. Además de los 113,000 elementos de la Guardia Nacional, el gobierno dedica 87,000 elementos del Ejército y 10,000 de la Marina en labores de seguridad pública. Eso significa tres veces más personal militar en funciones de policía que en el punto más alto de la administración Peña Nieto. 

En materia de combate al narcotráfico, el gobierno presume cifras récord de erradicación de cultivos ilícitos y decomiso de drogas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la cocaína, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, señaló hace algo más de un mes que los decomisos de cocaína casi se quintuplicaron entre 2018 y 2021.
 
Tal vez la captura de cabecillas de bandas criminales sea la métrica con los mayores cambios con respecto al pasado reciente. Pero incluso en esa materia hay menos diferencias de lo que parece a primera vista. Al menos dos jefes importantes han sido detenidos la actual administración (José Antonio Yépez, alias El Marro, y Santiago Mazari, alias El Carrete), a la par de otras figuras importantes del submundo criminal (ejemplo, Rosalinda González Valencia).
 
Y sobre los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, cito lo señalado en una nota publicada en Animal Político: “Del 1 de diciembre de 2018 a abril de 2022, fallecieron 689 civiles como resultado de enfrentamientos con el Ejército, tanto presuntos agresores como ‘víctimas’, y quedaron heridos 166, indicó la Secretaría de la Defensa. Esto da un índice de letalidad de 4.15 personas muertas por cada una que resultó herida. En el sexenio de Peña Nieto, se registraron 1,304 fallecidos y 335 heridos, lo que arroja un índice de 3.89.” 

Tenemos entonces un gobierno que encarcela más, usa a más soldados que nunca como policías, decomisa más droga, sigue deteniendo a capos y tiene un índice de letalidad superior al del gobierno anterior. 

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