La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscará lanzar una ficha roja para la detención de Mauricio Toledo, quien ayer fue desaforado en la Cámara de Diputados.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la decisión de los legisladores federales de quitar el fuero a Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, así como de Saúl Huerta, imputado por violación y abuso sexual contra menores de edad, y expuso que ahora la Fiscalía estará trabajando para la detención de estos exdiputados.
"Está ahí trabajando la Fiscalía para la detención de estas personas, en uno de los casos parece que está fuera de México y se está haciendo toda la solicitud de ficha roja y todo lo que se requiera para poderlo traer", comentó tras participar en la ceremonia de graduación de la generación 279 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
Pese a que pasaron más de seis meses para que los legisladores avalaran el desafuero contra Toledo, la mandataria local expuso que finalmente ocurrió y la Fiscalía local hará todo lo necesario para pedir su extradición.
El pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, retiró el fuero a los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona (ex de Morena), y a Mauricio Toledo (PT), para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pueda proceder en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual y enriquecimiento ilícito, respectivamente.
La fiscalía capitalina empezó los trabajos consulares para la extracción de Toledo, quien se encuentra en Chile, e implementa un operativo de búsqueda para ubicar lo antes posible a Huerta.
A este último los agentes que lo vigilaban a distancia “le perdieron la pista” el viernes pasado; un día antes, acudió de propio pie al búnker de la fiscalía local, pues quería revisar la carpeta de investigación, pero se le negó.
Se dio a conocer que la defensa de Huerta busca pactar con autoridades capitalinas la “entrega voluntaria” del diputado, quien ya cuenta con una orden de aprehensión, a fin de no violar sus derechos humanos y garantizar que mientras esté en prisión “no le pase nada”.
Así, durante la sesión extraordinaria de ayer en el pleno de San Lázaro, en la que no estuvieron presentes ninguno de los dos acusados, se analizaron los casos de manera separada, siendo el de Toledo el más ríspido, luego de que se informó que abandonó el país desde el 26 de julio y se encuentra en Chile.
“Tenemos una información de última hora por parte de las autoridades migratorias de que el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la república de Chile”, señaló Rafael Chong Flores, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, quien representó a la parte acusadora durante el juicio.
En sus alegatos, explicó que del 1 de octubre 2012 al 21 de agosto de 2018, periodo en que se desempeñó como jefe delegacional en Coyoacán y diputado local de la Ciudad de México, Toledo incrementó su patrimonio injustificada e inexplicablemente.
Dijo que el dictamen contable señala que los ingresos reflejados en los depósitos que recibió de 2012 a 2019 ascendieron a 20 millones 826 mil 611 pesos, pero la remuneración por sus cargos públicos en ese mismo lapso fue de 9 millones 406 mil 624 pesos.
Adicionalmente, señaló, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que en el año 2017 el legislador recibió 3.4 millones de pesos por parte de la empresa Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, la cual reportó en 2016 cero ingresos.
Agregó que a los siete meses de que Toledo tomó protesta como diputado compró dos departamentos al contado por un valor de 6.2 millones de pesos, “cuando él obtiene ingresos por 1 millón 58 mil 98 pesos al año, es decir, 17% del costo total de los inmuebles”, por mencionar algunos delitos. La bancada del Partido del Trabajo (PT) se retiró de la sesión, al calificar el acto como “algo cercano a un circo”.
Mauricio Toledo respondió a través de un comunicado que no está prófugo: “Soy hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación”.
En el caso de Saúl Huerta, la coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Laura Angelina Borbolla Moreno, aseguró que existen pruebas legales, contundentes, sólidas y científicas, para sujetar a proceso al morenista por el delito de abuso sexual contra dos personas, entre ellas un menor de edad.